Inocencia Fiscal II: el guiño libertario que divide a los diputados mendocinos

La noche del miércoles dejó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo: la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que promete simplificar el sistema tributario pero que enciende alarmas en la oposición. Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, la propuesta del Gobierno de Javier Milei ahora pasa al Senado.

El proyecto, que modifica el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y las facultades de fiscalización de ARCA, fue respaldado por los bloques dialoguistas. Pero los diez diputados mendocinos no votaron en bloque: mientras cinco libertarios y dos radicales dijeron sí, dos peronistas votaron en contra y una legisladora se abstuvo.

El debate que expuso las grietas

Solo dos de los diez representantes mendocinos tomaron la palabra en el recinto: Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) y Emir Félix (Unión por la Patria). La primera, exlegisladora de La Libertad Avanza, mostró apoyo a la simplificación pero advirtió sobre los riesgos de debilitar el control estatal. "No podemos permitir que el Estado mire para otro lado", sostuvo, defendiendo el principio de inocencia pero remarcando que no debería implicar una pérdida de capacidad de fiscalización.

Félix, exintendente de San Rafael, fue más duro: "Estamos de acuerdo con una simplificación tributaria, pero está claro que esto no es un régimen de simplificación tributaria". Cuestionó la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años y las nuevas condiciones para determinar discrepancias. "Genera una ausencia selectiva del control de los contribuyentes más grandes y sí genera una cacería muy rápida a los contribuyentes más chicos", disparó, y sentenció: "El mensaje es claro, es beneficiar a los vivos y que paguen los giles".

¿Cómo votaron los mendocinos?

Los votos afirmativos llegaron de Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio y Luis Petri (La Libertad Avanza), más Lisandro Nieri y Pamela Verasay (UCR). La abstención fue de Lourdes Arrieta, mientras que Emir Félix y Martín Aveiro (Unión por la Patria) votaron en contra.

Qué cambia para los contribuyentes

Uno de los puntos centrales es la ampliación del acceso al Régimen Simplificado de Ganancias: se eliminan los límites actuales de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. También se establece una presunción de exactitud para quienes cumplan las condiciones, protegiéndolos de fiscalizaciones posteriores de ARCA.

Se define qué se considera una "discrepancia significativa" y se incorpora un umbral de $5 millones: si la diferencia no supera ese monto, no será observada. Además, ARCA deberá demostrar la discrepancia con información del contribuyente, registros propios o datos de terceros.

El proyecto permite rectificar declaraciones y conservar beneficios, modifica el tratamiento de las diferencias patrimoniales y reduce los plazos de prescripción de cinco a tres años. También contempla una reducción progresiva de multas para pymes y establece que los beneficios sobre fondos no declarados podrán usarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Los funcionarios públicos de alta responsabilidad quedan excluidos de los principales beneficios.

Las posturas encontradas

El oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para dar previsibilidad y facilitar la incorporación de dólares al sistema formal. La oposición, en cambio, la califica como un mecanismo que podría favorecer a grandes evasores, reduciendo la capacidad de ARCA para detectar irregularidades.