Insistieron con la prisión preventiva para cuatro acusados por drogas en Chos Malal, pero la Justicia dijo otra vez no
El fiscal insistió con la prisión preventiva para los cuatro imputados por venta de drogas en Chos Malal, pero el tribunal de revisión volvió a decir no. Las medidas que ya pesan sobre ellos, según la Justicia, alcanzan.
Un tribunal de revisión de Neuquén rechazó por unanimidad el pedido del Ministerio Público Fiscal para que cuatro personas imputadas por venta de estupefacientes en Chos Malal sigan detenidas mientras avanza la investigación. De esta manera, confirmó la resolución que el juez de garantías Eduardo Egea había tomado el 9 de octubre.
La audiencia se realizó este miércoles y estuvo a cargo de la jueza Laura Barbé y los jueces Maximiliano Bagnat e Ignacio Pombo, quienes analizaron el planteo del fiscal del caso Víctor Salgado.
Los argumentos de la fiscalía
Salgado y la asistente letrada Romina Travieso sostuvieron que las medidas de coerción fijadas por Egea no alcanzaban para evitar que la investigación se vea entorpecida. En concreto, advirtieron sobre el riesgo de que los cuatro imputados se coordinen entre sí e interfieran en los testimonios de dos testigos.
El Ministerio Público Fiscal también cuestionó que el juez no hubiera impuesto restricciones de contacto entre los coimputados. Según planteó, la causa está en una etapa inicial y aún restan entrevistas, el análisis de dispositivos electrónicos y un examen más profundo de información vinculada con billeteras virtuales.
Por esos motivos, el fiscal insistió en la necesidad de dictar la prisión preventiva de A.A.A., I.M.N., K.P.S.P. y L.F.A., todos imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso de A.A.A. pesa además una acusación por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Qué medidas siguen vigentes
El tribunal revisor no hizo lugar a los planteos de la fiscalía. Por el contrario, entendió que las medidas dispuestas por el primer juez que intervino en la causa eran suficientes para neutralizar el riesgo de entorpecimiento: la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de los testigos.
Así, la jueza y los jueces confirmaron por unanimidad la resolución del 9 de octubre y rechazaron el pedido para que las cuatro personas imputadas permanezcan en prisión preventiva durante el proceso.