Inspecciones revelaron un dato escalofriante sobre los repartidores: la Corte confirmó multas millonarias

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó multas millonarias aplicadas por el gobierno de Axel Kicillof contra Rappi Argentina y Pedidos Ya por infracciones laborales. El fallo respalda la intervención estatal en plataformas digitales tras inspecciones que detectaron irregularidades generalizadas.

El origen del conflicto se remonta a operativos de fiscalización realizados entre 2020 y 2022 por el Ministerio de Trabajo bonaerense, entonces conducido por Mara Ruiz Malec. En esas inspecciones, las autoridades relevaron a más de 170 repartidores en distintos distritos.

¿Qué encontraron las inspecciones?

Según los informes oficiales, más del 97% de los trabajadores no contaba con cobertura de salud laboral, aguinaldo ni vacaciones. Esto derivó en sanciones económicas contra las plataformas, que rechazaron las multas y llevaron el caso a la Justicia, negando la existencia de una relación laboral con los repartidores.

¿Qué resolvió el máximo tribunal?

El máximo tribunal bonaerense convalidó el accionar del Estado provincial. En el caso de Rappi, rechazó todos los recursos presentados por la empresa y dejó firme la multa aplicada, que ya había sido ratificada por instancias anteriores.

Los jueces consideraron que el procedimiento administrativo fue válido, que las inspecciones se realizaron conforme a derecho y que las actas labradas tienen valor probatorio si no son desmentidas con pruebas contundentes. Según señalaron, la empresa no logró hacerlo.

En una línea similar, la Corte también respaldó las sanciones contra Pedidos Ya (razón social Repartos Ya S.A.), aunque en este expediente habilitó una revisión parcial de algunos aspectos técnicos sin modificar el fondo de la cuestión.

¿Por qué es relevante este fallo?

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que ratifica las facultades del Ministerio de Trabajo para inspeccionar, interpretar normas laborales y sancionar incumplimientos, incluso en sectores con esquemas de contratación no tradicionales como las plataformas digitales.

De esta manera, el tribunal rechazó el planteo de las empresas que buscaban limitar ese poder al ámbito exclusivamente judicial y dejó en claro que el Estado puede intervenir para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Si bien la Corte evitó pronunciarse de manera definitiva sobre el estatus laboral de los repartidores, en la práctica convalidó los criterios de instancias previas que aplicaron la presunción de relación laboral.

El fallo no cierra definitivamente el conflicto. Todavía hay otras multas aplicadas en el mismo período que siguen en discusión judicial, lo que anticipa nuevos capítulos en la disputa entre el Estado bonaerense y las empresas del sector.