Insultó y amenazó a un fiscal en plena sede judicial: lo que pasó después

La Procuración General y la Fiscalía General del Ministerio Público de Catamarca salieron a respaldar con un comunicado conjunto a dos fiscales de Instrucción Penal que fueron amenazados en los últimos días. Se trata de Martín Camps, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Andalgalá, y Luis Eduardo Córdoba Andreatta, de la Primera Circunscripción Judicial.

El pronunciamiento se conoció poco después de un episodio que encendió las alarmas en el fuero: un hombre fue detenido en Andalgalá tras insultar y amenazar a Camps dentro de la propia sede judicial. El detonante, según se informó, fue haberse enterado de que seguían vigentes las medidas restrictivas dispuestas en una causa por violencia de género.

Qué dice el comunicado del Ministerio Público

En el documento, las autoridades judiciales fueron tajantes: «intimidar a quien adopta una medida de protección es, antes que una ofensa a un funcionario, un intento de dejar sin efecto el resguardo de la persona protegida». La frase resume la postura del organismo frente a lo ocurrido.

Además, ratificaron que las disposiciones de cuidado continúan plenamente vigentes y que su cumplimiento está bajo estricto control. «Ninguna forma de intimidación condicionará la actuación de quienes tienen a su cargo investigar los delitos y promover la acción penal», remarcaron.

El comunicado no se limitó al respaldo institucional: también confirmó que las denuncias por ambos hechos ya quedaron en manos de otros fiscales, una medida destinada a garantizar una investigación objetiva y el debido proceso de los acusados.

Un ataque que apuntó al corazón de una causa por violencia de género

El caso de Andalgalá no fue un hecho aislado ni una reacción espontánea en la calle: ocurrió dentro del edificio judicial, cuando el hombre se topó con la información de que las restricciones seguían firmes. Ese dato es clave porque, según planteó el Ministerio Público, la embestida contra el fiscal busca en realidad torcer el rumbo de una medida de protección dictada para resguardar a una víctima.

La detención del agresor y el respaldo inmediato de las cúpulas de la Procuración y la Fiscalía General marcan el tono de la respuesta oficial. Mientras la causa por las amenazas avanza en manos de otros funcionarios, el mensaje que queda flotando es que las decisiones judiciales en materia de violencia de género no se negocian bajo presión.