Intendenta de Graneros: la Justicia les bajó el pulgar a los denunciantes en la causa por enriquecimiento

El fiscal regional del Centro Judicial Concepción, Diego Sebastián Hevia, rechazó el intento del legislador Manuel Courel y del concejal Luis Alberto Escobar de convertirse en querellantes particulares en la causa que investiga a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Cuál fue el argumento del fiscal?

Según la resolución del 31 de julio, Hevia consideró que el artículo 82 del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) define a la víctima como el ofendido directo por el delito, y que quienes ejercen control institucional no tienen legitimación para querellar. La única vía para intereses colectivos o difusos, señaló, es el artículo 89.2, que es exclusivo para personas jurídicas vinculadas al bien jurídico afectado.

El fiscal subrayó que los peticionantes no encajan en ninguna de las dos previsiones y que su intención de ampliar por interpretación el inciso 1° con el 2° no es admisible, porque el legislador fue restrictivo en esa materia. Además, aclaró que la condición de denunciantes no reemplaza la falta de legitimación activa, ya que se basa en un interés genérico que la normativa descarta.

¿Qué hicieron los denunciantes?

Courel y Escobar, con el patrocinio de Luis María Díaz Augier, habían pedido ser querellantes a fines de julio, después de denunciar penalmente a Graneros el 9 de junio. La denuncia apunta a la supuesta compra de una vivienda valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, de Yerba Buena, y los denunciantes advirtieron que la causa no avanzaba.

Este miércoles, ambos se presentaron ante Hevia en Concepción para sumar pruebas y expresar su inquietud por la demora en la investigación. Ahora, tras la notificación, tienen plazo para apelar la decisión del fiscal.