Intendentes amenazan con una denuncia penal que podría sacudir al Gobierno: ¿Qué hicieron con los fondos?

Un grupo de intendentes anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de fondos destinados a rutas. La medida se tomó tras una movilización al Ministerio de Economía, donde advirtieron que recurrirán a la Justicia si no son convocados a una reunión en los próximos días para destrabar el conflicto.

Los jefes comunales, integrantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), sostienen que el Gobierno nacional adeuda recursos para el mantenimiento y la mejora de las rutas. El eje del reclamo se basa en lo establecido por la Ley 23.966, que regula la asignación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles.

¿Qué dice la ley sobre estos fondos?

Según el artículo 19 de esa norma, una parte de esos recursos debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Un límite del 20% está asignado para obras ferroviarias, mientras que el resto debe orientarse a obras viales.

Sin embargo, los intendentes aseguran que esos fondos no están siendo aplicados como corresponde. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno los estaría reteniendo y destinando a operaciones financieras.

¿A qué operaciones se refieren?

Mencionan específicamente la emisión y pago de bonos, la compra de dólares y maniobras vinculadas al carry trade. “Esta retención indebida de recursos que pertenecen a las y los argentinos genera un perjuicio directo en las familias y configura, en principio, el delito de malversación de caudales públicos”, señalaron los jefes comunales.

Esta declaración fue hecha en referencia a la administración encabezada por el presidente Javier Milei. Los intendentes detallaron cifras concretas para respaldar su acusación.

¿Cuánto dinero está en juego?

Durante el último año, el Estado nacional recaudó alrededor de $3,5 billones para el fideicomiso de infraestructura de transporte. De ese total, indicaron que cerca del 80% corresponde al mantenimiento de rutas.

Dentro de ese porcentaje, otro 80% debería destinarse a obras viales. “Eso implica que a Vialidad Nacional tendrían que haberle transferido $2,25 billones”, explicaron.

Sin embargo, según los propios datos oficiales que manejan, solo se giraron $1,2 billones. “Es decir, $1,15 billones fueron utilizados con otros fines, con fuertes indicios de que terminaron en el circuito financiero”, afirmaron con contundencia.

¿Qué ocurrió en el primer trimestre?

Además, remarcaron que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año el Gobierno recaudó $1,5 billones por el Impuesto a los Combustibles. Señalaron que esos recursos no se tradujeron en una baja en el precio de los combustibles ni en mejoras en la infraestructura vial.

“Se están utilizando recursos de nuestras vecinas y vecinos para beneficiar a actores financieros que obtienen ganancias extraordinarias, mientras el Estado actúa como garantía para cubrir sus riesgos”, concluyeron los intendentes en su comunicado.

La decisión de avanzar con la denuncia penal se tomó luego de que los jefes comunales realizaran una movilización al Ministerio de Economía. Allí advirtieron que, si no son convocados a una reunión en los próximos días para destrabar el conflicto, recurrirán a la Justicia sin demora.