Intendentes de diferentes partidos exigen a la Legislatura el uso sin restricciones del Fondo de Emergencia Municipal

Un grupo de unos 60 intendentes bonaerenses, nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), reclamó a la Legislatura provincial poder utilizar sin condicionamientos el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, en medio de la crisis fiscal que afecta a los distritos.

El pedido fue formalizado mediante una nota dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Los jefes comunales solicitan que los municipios puedan disponer del 100% de esos recursos sin restricciones, para destinarlos a gastos urgentes como salarios y servicios esenciales.

La iniciativa busca modificar el esquema actual del fondo, que actualmente tiene parte de sus recursos afectados a obras públicas. Los intendentes argumentan que la recesión golpeó la recaudación local mientras los costos operativos siguen en aumento, lo que pone en riesgo el pago de sueldos y la prestación de servicios básicos como recolección de residuos y mantenimiento urbano.

Un reclamo transversal

La señal política es clara: la crisis ya no distingue signos partidarios. El FRICDe reúne a intendentes del peronismo, la UCR y el PRO, y su crecimiento fue sostenido tras encuentros en Chascomús y Ayacucho. Lo que nació como un espacio orientado al crecimiento y la innovación hoy se ve obligado a priorizar la emergencia fiscal.

Según advirtieron los jefes comunales, el escenario fiscal es cada vez más complejo y genera tensiones concretas en la gestión cotidiana. El pago de sueldos y los servicios básicos dependen de la disponibilidad inmediata de fondos, en un contexto donde los márgenes financieros se achican mes a mes.

La pelota en la Legislatura

Ahora, la definición queda en manos de la Legislatura bonaerense, que deberá evaluar si habilita la flexibilización del fondo en un año atravesado por tensiones económicas y políticas. Al tratarse de un reclamo transversal, su tratamiento no podrá leerse únicamente en clave partidaria.

En ese equilibrio entre urgencia fiscal y decisión política se jugará una discusión de fondo: cuánto margen tendrán los municipios para administrar sus recursos en un escenario cada vez más restrictivo.