Intendentes van por la coparticipación y ya avisan qué les falta para pagar sueldos

La pulseada por la nueva Ley de Coparticipación de Jujuy arrancó este martes con los intendentes sentados en la Casa de Piedra. Allí, los jefes comunales no solo pusieron sobre la mesa sus reclamos: también dejaron en claro que la norma debería quedar sancionada antes de que termine noviembre, si es que el Ejecutivo, la Legislatura y los municipios reman para el mismo lado.

Uno de los que habló fue el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, que describió sin vueltas el ahogo que viven las comunas. "No nos alcanza para terminar de pagar los sueldos. Todos los meses tenemos problemas, desde hace más de un año tenemos que juntar fondos propios para pagar los sueldos", disparó.

Para Bravo, esa realidad tiene que estar contemplada en la ley. "Para nosotros es vital, como para cualquier municipio o comisión municipal, asegurar los fondos para pagar los salarios", agregó.

Autonomía y "goteo diario"

El jefe comunal sampedreño apuntó que el objetivo central de la normativa es garantizar la autonomía financiera de los gobiernos locales, siguiendo el esquema que ya funciona en la mayoría de las provincias.

En ese marco, respaldó varios puntos del proyecto. Por un lado, la acreditación automática y diaria de fondos, el llamado "goteo diario", que replicaría la forma en que la provincia recibe los recursos nacionales. También apoyó la creación de una comisión integrada por intendentes para auditar y controlar cómo se determinan y distribuyen las partidas.

Otro de los ejes que defendió es la conformación de fondos para proyectos de desarrollo regional. En el caso de San Pedro, la prioridad es la puesta en marcha e integración del Parque Industrial para los departamentos San Pedro y Santa Bárbara.

El pedido de Bravo: que los diputados salgan a recorrer

Bravo no quiere que el debate quede encerrado en las comisiones de la capital provincial. Su propuesta es que la discusión sea itinerante y que los legisladores visiten cada región para conocer de cerca su realidad.

"Para nosotros es muy importante que la pelota comience a rodar. Aspiramos a que de esta primera reunión salga un marco y un cronograma regional de reuniones, para que sean los diputados los que nos visiten en cada una de las regiones a debatir su realidad", planteó.

Y se animó a poner fecha: "Si hay decisión política del Ejecutivo, la Legislatura y los intendentes, la ley puede estar aprobada a fines de noviembre".

La Quiaca quiere cambiar la fórmula

El intendente de La Quiaca, Dante Velásquez, llevó una postura diferente. Aunque considera que el proyecto es un paso clave hacia la descentralización, advirtió que la propuesta oficial necesita modificaciones para que haya equidad real entre las localidades.

Su principal objeción es la fórmula de la coparticipación secundaria. Según su visión, que el 90% de la distribución dependa de la cantidad de habitantes perjudica a las comunidades del interior fronterizo. "Las observaciones que presentamos son técnicas. En la coparticipación secundaria no consideramos que deba establecerse como parámetro solamente el poblacional en un 90%, sino que proponemos un 75% y ponderar otros factores", sostuvo.

Y remarcó el rol estratégico de su ciudad: "Hay que entender que La Quiaca integra a la Argentina al continente y es la puerta norte de la República".

Velásquez coincidió con otros intendentes en que la asfixia financiera golpea a todos los municipios, agravada por la caída de los recursos coparticipables a nivel nacional y recortes como la quita del Impuesto a los Combustibles.

Las demandas de La Quiaca

Frente a ese panorama, el jefe comunal quiacaño reclamó que la nueva ley brinde certezas jurídicas sobre el pago de salarios. En concreto, pidió que la norma fije explícitamente el piso financiero que garantice la liquidación de los sueldos y del Sueldo Anual Complementario (SAC).

También planteó que instrumentos de desarrollo e infraestructura como el FODECO (Fondo de Desarrollo Comunitario) y el SID queden bajo administración directa de los municipios.

En materia tributaria, defendió el cobro de tasas municipales siempre que no contradigan normativas provinciales o nacionales ni resulten invasivas para los contribuyentes.