Interviene el Gobierno y ordena reincorporar a los despedidos de Granja Tres Arroyos

El Gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA) y la empresa Granja Tres Arroyos SA, por los despidos en su planta La China. La medida obliga a la firma a reincorporar de inmediato a todos los trabajadores cesanteados desde el 7 de agosto.

Así lo establece la Resolución Nº 363/2026 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dictada en el marco de la Ley Nº 14.786. La conciliación tendrá una duración de 15 días hábiles y comenzará a regir a partir de las 14 de este jueves 13 de agosto.

¿Qué implica la conciliación?

La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo a la comunicación de los despidos, que se efectuó el viernes 7 de agosto. En ese contexto, se intimó a Granja Tres Arroyos SA a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y a abstenerse de tomar represalias contra el personal o la organización sindical.

Por su parte, el sindicato y los trabajadores fueron intimados a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación. El incumplimiento de lo dispuesto podría derivar en las sanciones previstas por la normativa laboral vigente.

Audiencia clave el 20 de agosto

La Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto a las 12, en su sede de calle Buenos Aires 166 de Paraná. Deberán asistir representantes de ambas partes con poder de decisión suficiente. El objetivo es preservar la paz social y encauzar el conflicto dentro del marco institucional correspondiente.

En paralelo, el Gobierno desarrolló distintas acciones para asistir a los más de 900 trabajadores de Granja Tres Arroyos, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre ellas, la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de 200.000 pesos –cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores–, una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de su deuda con Enersa. También se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.