La obra social de los ladrilleros ya venía intervenida desde 2024 por una deuda de más de mil millones. Ahora el Gobierno avanzó con el procedimiento para darla de baja y la CGT de Río Negro anticipó que no piensa quedarse de brazos cruzados: qué medidas evalúa.
La CGT Regional Alto Valle-Río Negro salió a cruzar el avance del Gobierno nacional sobre la Obra Social del Personal Ladrillero y anticipó que se sumará a las medidas que impulse el gremio del sector para sostener la cobertura de salud de los trabajadores.
El pronunciamiento llegó este viernes 30 de octubre, después de que la medida se publicara en el Boletín Oficial. En un comunicado, la central sindical tildó la decisión de ataque a los derechos laborales y puso el foco en lo que puede significar para quienes viven de la actividad ladrillera.
Qué dice la CGT sobre la baja
De acuerdo con lo que detalló la propia regional, la entidad de salud ya había sido intervenida dos años atrás y ahora el Ejecutivo resolvió dar un paso más: arrancar el procedimiento para dejarla sin efecto.
Para la CGT, ese movimiento golpea de lleno el acceso a la salud de los trabajadores y de sus familias. Por eso anunció que actuará en conjunto con la organización sindical que representa al sector para frenar la medida.
Lo que el comunicado no precisó es cuáles serán esas acciones ni en qué fechas se llevarán a cabo.
La lectura política del conflicto
La central obrera también enmarcó la decisión dentro de la política laboral del Gobierno de Javier Milei y cuestionó que se avance sobre una entidad creada para brindar cobertura médica a los trabajadores.
El texto lleva las firmas de Jorge Luis Rodríguez, secretario de Prensa, y de Gustavo Sol, secretario general a cargo de la CGT Regional Río Negro. En el tramo final, el sindicato pidió que se garantice el derecho a la protesta y rechazó lo que consideró un retroceso sobre las libertades democráticas.
Qué pasó con la obra social en 2024
La historia de la OSPL con la intervención estatal no es nueva. En agosto de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso mediante la resolución 1680/24 la intervención de la obra social y nombró a Jorge Alonso como administrador provisorio.
El argumento oficial de entonces fue la crítica situación financiera de la entidad, que arrastraba una deuda prestacional de 1.104 millones de pesos. A eso se sumaba que no contaba con servicios propios y que la atención de sus afiliados dependía de contratos con prestadores externos.
La resolución también apuntaba al "uso de bonos que obstaculizaban un acceso adecuado a las prestaciones". Y agregaba: "los monotributistas sociales deben autorizar todas las prestaciones, observándose demoras, perdida de turnos médicos y en definitiva, obstaculización de su cobertura".
