Intimación histórica a 536 prácticos: la Prefectura no cede y el paro portuario entra en una fase crítica

La tensión en los puertos del Gran Rosario escaló a un nivel inédito: la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a 536 prácticos y pilotos a retomar sus tareas de inmediato, bajo amenaza de sanciones administrativas y posibles denuncias penales. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, marca un punto de inflexión en el conflicto que mantiene paralizada la actividad portuaria.

La intimación llegó apenas un día después de que el Centro de Navegación (CNAV), que representa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, pidiera formalmente la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de la propia Prefectura para destrabar el conflicto.

¿Qué implica la intimación?

El edicto oficial incluye un anexo de 20 páginas con el listado completo de los profesionales alcanzados: 536 nombres de trabajadores habilitados para prestar el servicio de practicaje y pilotaje. En el documento, la Prefectura ordena "la inmediata puesta a disposición de sus servicios", tal como establece el Decreto 690/2026, la norma que desreguló la actividad y dio origen a la medida de fuerza.

Las advertencias no se detienen ahí. Quienes no acaten la orden podrían ser sancionados por falta grave. Además, el organismo señaló que cualquier acción que sostenga la interrupción del servicio podría encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, que castigan a quienes pongan en riesgo la seguridad de la navegación o entorpezcan el funcionamiento del transporte.

El origen del conflicto: el Decreto 690/2026

El paro por tiempo indeterminado fue resuelto por los prácticos tras la entrada en vigencia del decreto impulsado por el Gobierno nacional, que modificó el régimen que regía desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilita la libre elección de prestadores y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas.

Los trabajadores reclaman que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma y, mientras tanto, resolvieron no asistir a los buques que ingresan o salen de los puertos argentinos.

Impacto en el comercio exterior

La medida ya tiene consecuencias concretas. Según datos del CNAV, alrededor de 140 buques esperan confirmación del servicio de practicaje, lo que afecta especialmente a las terminales agroexportadoras del Gran Rosario y otros puertos del país. Se registraron desvíos de operaciones hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil, mientras las cámaras empresarias advirtieron sobre pérdidas económicas e inconvenientes en el abastecimiento de combustibles.