La Federación de Docentes de las Universidades intimó al rector de la UNaF, Augusto Parmetler, por denuncias de persecución sindical contra el gremio CEDUF. El documento fija un plazo de cinco días para responder y advierte sobre posibles acciones judiciales.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) formalizó una intimación contra el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, a raíz de denuncias presentadas por el Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CEDUF). Según el escrito, se investigan presuntos actos de persecución sindical, vulneración de la tutela gremial y afectación de derechos adquiridos de profesores ordinarios.
El documento, firmado por el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, ingresó este viernes 20 de noviembre por mesa de entradas del Rectorado. También se envió copia al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la autoridad laboral competente.
Los argumentos de la federación
En la presentación, la entidad advirtió sobre las consecuencias de tomar decisiones administrativas que perjudiquen a docentes con funciones gremiales. «Resulta particularmente preocupante que integrantes de la organización sindical CEDUF puedan verse afectados por decisiones administrativas o institucionales que impliquen un menoscabo de sus derechos, especialmente cuando dichas medidas recaen sobre docentes que ejercen funciones de representación gremial y se encuentran amparados por las garantías de libertad sindical previstas en la Constitución Nacional y en la legislación vigente», señala el texto.
El reclamo se sustenta en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los artículos 47, 48 y 52 de la Ley N.º 23.551 de Asociaciones Sindicales. Esa normativa prohíbe modificar las condiciones laborales, suspender o despedir a representantes con tutela sin una exclusión judicial previa. Además, FEDUN puso el foco en la situación de los docentes que obtuvieron su estabilidad mediante el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo (homologado por el Decreto N.º 1246/2015) y la Resolución N.º 006/2022 del Honorable Consejo Superior, ratificada en su momento por el propio Parmetler.
Para la conducción de FEDUN, los actos administrativos individuales que reconocieron esa condición generaron efectos jurídicos firmes. Por eso exigen respetar el debido proceso y la seguridad jurídica. «La autonomía universitaria, principio que esta Federación reconoce y defiende, no puede interpretarse como una facultad para desconocer los derechos laborales, las garantías constitucionales, la legislación sindical ni las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo vigente», remarcó Ricci. También advirtió que cualquier medida selectiva contra afiliados de CEDUF infringe los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Seis puntos y un plazo perentorio
La intimación contiene seis puntos concretos. En ellos, la organización sindical exige el cese inmediato de cualquier práctica de hostigamiento o represalia contra miembros de CEDUF. También demanda que las autoridades universitarias se abstengan de alterar cargos, dedicaciones o situaciones de revista sin observar la ley vigente.
Asimismo, reclama que no se deje sin efecto la condición de docentes ordinarios obtenida bajo la Resolución HCS N.º 006/2022, que se revisen las disposiciones que ya hayan provocado perjuicios laborales y que se informen los fundamentos jurídicos de cualquier actuación que pretenda cuestionar el estatus de los profesores alcanzados por ese régimen.
Para cumplir con estos requerimientos, FEDUN fijó un límite temporal estricto antes de avanzar hacia otras instancias. «En virtud de la gravedad institucional de las situaciones planteadas, se requiere una respuesta formal, fundada y documentada dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la recepción de la presente», intimó la federación. También dejó constancia de que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales en defensa de la estabilidad laboral.
Al cierre del documento, la conducción nacional vinculó el cumplimiento de las leyes laborales con el normal funcionamiento institucional de la casa de estudios formoseña. «Entendemos que el respeto a los derechos de los trabajadores y a sus organizaciones sindicales constituye una condición indispensable para garantizar una universidad democrática, plural y comprometida con el Estado de derecho», concluyó Ricci.
