Intriga en Formosa: exigen a Vialidad Nacional despejar rutas o el agua tapará todo
¿Se viene el desborde? Formosa le dio 10 días a Vialidad Nacional para destapar las rutas 11 y 95, y advierte con demandas si el agua inunda todo. Los detalles que nadie te contó.
El Gobierno de Formosa lanzó una advertencia contundente: si Nación no actúa en diez días, más de 1.700.000 hectáreas productivas podrían quedar bajo agua. La intimación formal llegó al Administrador General de Vialidad Nacional, ingeniero Marcelo Campoy, con copia al Distrito 22, a cargo del ingeniero Víctor Ramón Padilla.
El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, fue el encargado de dar el ultimátum. El reclamo no es caprichoso: se basa en imágenes satelitales que muestran cómo las alcantarillas tapadas convierten a los terraplenes de las Rutas Nacionales 11 y 95 en un verdadero dique artificial. Si no se despejan, el agua embalsada podría cortar accesos a comunidades, arruinar cosechas y dejar sin suministros a los centros urbanos.
¿Por qué ahora y con qué argumentos?
La provincia no dejó nada librado al azar. La intimación se apoya en un informe geoespacial elaborado por los técnicos del Ministerio, que se suma a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el INTA y hasta la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Todos coinciden: El Niño se intensificará con más de un 80% de probabilidad en primavera y un 96% de persistencia hacia el verano 2026-2027.
En Formosa, el fenómeno no se comporta igual que en otras regiones. Acá, las lluvias fuertes y las crecidas de los ríos transfronterizos se concentran desde septiembre. Por eso, el Gobierno provincial salió a prevenir antes de que el agua haga estragos. Lo que piden es simple: que Vialidad Nacional mueva cuadrillas y maquinaria para limpiar conductos y desagües en toda la extensión formoseña de ambas rutas.
El efecto tapón que amenaza al interior
La geografía de Formosa es una llanura con un suave declive que va del noroeste al sudeste, hacia los ríos Paraguay y Bermejo. Los terraplenes de las rutas 11 y 95 cruzan de forma perpendicular estos corredores naturales de agua, y cuando las alcantarillas están obstruidas, el agua no tiene por dónde escapar.
Los modelos satelitales son claros: hay 1.714.700 hectáreas (22,6% del suelo sin masa hídrica) con alta susceptibilidad a excesos hídricos, y el 78% de esa superficie se concentra en grandes bloques pegados a las rutas. El resultado: suelos saturados, rodeos en riesgo, cosechas perdidas, caminos vecinales destruidos y pueblos que pueden quedar aislados. Además, la logística de alimentos frescos y mercancías hacia las ciudades principales se vería gravemente afectada.
La excusa del presupuesto ya no corre
La presentación formoseña no solo pide acción, sino que desmonta el argumento de la falta de fondos. Hace poco, el vocero presidencial Adrián Ravier admitió públicamente que el Poder Ejecutivo retiene y desvía el dinero del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), que debería destinarse a la conservación vial.
“Cada productor agropecuario, transportista, comerciante y vecino formoseño abona rigurosamente ese tributo específico cada vez que carga nafta o gasoil. Resulta inaceptable que el Gobierno nacional perciba tales ingresos de la comunidad y luego pretenda excusarse en la falta de presupuesto para omitir el desmalezado básico y la apertura de alcantarillas”, disparó el ministro Rodríguez.
Y agregó: “Quien cumple con sus obligaciones fiscales tiene el derecho legítimo de exigir que las rutas estén en condiciones operativas y seguras”.
Responsabilidades claras y posibles demandas
La Provincia no se quedó en el reclamo. Dejó asentado que, según el Decreto Ley 505/58, la custodia y transitabilidad de la red troncal es una obligación legal indelegable de Vialidad Nacional. Y advirtió: si el agua causa daños por el efecto tapón –pérdidas agropecuarias, mortandad de hacienda, rotura de caminos o cortes de transitabilidad urbana–, se considerará una falta de servicio imputable a la negligencia de las autoridades viales federales.
El Estado provincial y los productores afectados ya se reservan el derecho de iniciar acciones legales en los fueros correspondientes. La pelota está ahora en la cancha de Nación: o despejan las rutas, o se preparan para las consecuencias.
