Intriga judicial en Angaco: el juez que dijo 'no' y destrabó la investigación contra Castro y tres concejales

La Justicia de San Juan habilitó la formalización de la investigación penal contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. El juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi rechazó un último intento de las defensas para frenar el proceso y le dio vía libre al fiscal Francisco Nicolía.

El Ministerio Público Fiscal tendrá siete meses –hasta fines de febrero de 2027– para reunir pruebas y definir si los imputados van a juicio. La audiencia de formalización llegó después de cuatro meses de planteos y recursos que intentaron, sin éxito, desviar el caso al fuero Contencioso Administrativo.

¿Qué se investiga?

Los cargos varían según el rol de cada acusado. Para Castro, la fiscalía investiga abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Para los concejales, los delitos son abuso de autoridad y encubrimiento.

El origen del expediente se remonta al uso de maquinaria y trabajadores municipales de Angaco en un predio de Chimbas. Ese hecho ya había generado una causa por malversación de caudales públicos contra Castro, pero un segundo expediente surgió a partir de un convenio que el intendente presentó en febrero para evitar un juicio.

El convenio que desató todo

Castro acudió a la Sala I de la Cámara Penal con un acuerdo de reparación integral firmado junto a los concejales. El pacto incluía el pago de 3 millones de pesos a Cáritas de Angaco. La fiscal Silvina Gerarduzzi consideró que ese acuerdo podía configurar nuevos delitos y denunció el hecho. Así nació la causa que ahora avanza bajo la órbita de Nicolía.

Las defensas, encabezadas por Marcelo Fernández Baldez (Castro) y Leonel García (concejales), sostuvieron que el conflicto era administrativo y no penal. Llevaron su reclamo hasta la Corte de Justicia de San Juan, pero el juez Fernández Caussi entendió que el expediente ante el máximo tribunal no impedía la formalización. Citó lo resuelto por la jueza Ana Lía Larrea, del Tribunal de Impugnaciones, que había ordenado el regreso “inmediato” del expediente.

¿Qué cambia con la formalización?

El juez explicó que la formalización no implica culpabilidad. Es un cambio de estado: de una investigación desformalizada a una formalizada. Esto permite a las defensas acceder a todas las actuaciones de la fiscalía y ejercer su derecho de defensa de manera más amplia.

El fiscal Nicolía pidió originalmente seis meses, pero extendió el plazo a siete para evitar superposiciones con la feria judicial de enero. Durante ese tiempo, los imputados se comprometieron a no obstaculizar las medidas investigativas.

Mientras tanto, la causa original contra Castro por malversación sigue suspendida hasta que haya “sentencia firme” en el nuevo expediente. El reloj judicial ya corre para el intendente y los concejales.