Inversiones en Tucumán: el plan que promete 10 años de estabilidad fiscal y beneficios impositivos

El Gobierno de Tucumán confirmó que sigue en pie el Régimen de Incentivos para Inversiones y Creación de Empleo, una herramienta que busca atraer capitales y generar puestos de trabajo. ¿Qué ofrece? Una serie de ventajas impositivas que pueden llegar a la exención total de Ingresos Brutos.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Producción que conduce Daniel Abad, apunta tanto a nuevos emprendimientos como a la ampliación de los ya existentes en los rubros productivo y turístico, siguiendo las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo.

¿Cuáles son los beneficios para los inversores?

El régimen, enmarcado en las leyes provinciales N° 9.911 y N° 9.962 (reglamentadas por los decretos N° 1.042/3 y N° 1.054/3 del MEyP), contempla tres grandes ventajas.

La primera es la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que varía según el monto invertido. Las escalas van desde un 25% de descuento para inversiones de entre 1 y 3 millones de dólares, hasta el 100% para aquellas que superen los 20 millones de dólares. En el medio, hay beneficios del 30%, 50% y 75%.

Eso sí, la exención solo aplica a los ingresos generados por la nueva inversión. Para las empresas que ya operan, el cálculo se hará en base al incremento de facturación que genere la ampliación.

En segundo lugar, se permite deducir en el Impuesto para la Salud Pública las remuneraciones del nuevo personal que se contrate de forma directa. Y el tercer gran atractivo es la estabilidad fiscal por diez años, que empieza a correr desde la aprobación del proyecto de inversión.

Los beneficios se otorgan de manera escalonada, de acuerdo a los montos certificados, y se aplican desde el anticipo impositivo del mes en que se certifica cada tramo.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

No es solo llegar y pedir. Para acceder al régimen, los interesados deben presentar un proyecto que sea aprobado por la autoridad de aplicación, comprometerse a una inversión mínima de un millón de dólares en actividades productivas o turísticas, crear nuevos puestos de trabajo con mano de obra local y estar al día con las obligaciones tributarias provinciales.

Además, las inversiones tienen que ejecutarse en un plazo máximo de doce meses desde la aprobación del proyecto, aunque se puede pedir una prórroga si hay causas justificadas.

El Ministerio de Economía y Producción, a través de la Dirección de Industria y Comercio Exterior y la Dirección General de Rentas, es la autoridad de aplicación. Si no se cumplen los requisitos, los beneficios se caen.

¿Qué actividades están alcanzadas?

El abanico es amplio: agricultura, ganadería, minería, biocombustibles, agroindustria, industria textil, metalmecánica, química, alimenticia, comercio mayorista y minorista, turismo, hotelería, gastronomía, transporte, logística, software, salud, educación y servicios empresariales.

La vigencia de los 10 años del beneficio se calcula desde el primer acto administrativo que lo otorga. En resumen, el régimen busca fortalecer la economía provincial, ampliar la capacidad instalada de las empresas y fomentar el empleo registrado, con la estabilidad tributaria como principal anzuelo.