Inversores en Cedears, atención: el cambio impositivo que llega con una fecha límite

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Competitividad Financiera que busca transformar de raíz el mercado de capitales argentino. Entre sus 240 artículos, una de las modificaciones más sensibles para los inversores es que las ganancias por la compraventa de Cedears dejen de estar exentas del impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que ingresó a Diputados el 2 de noviembre, formaliza los cambios que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado como el "broche de oro" de la transformación del mercado de capitales.

Qué cambia con los Cedears

Los Cedears son los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras. Hasta ahora, las ganancias obtenidas por su compraventa estaban exentas del impuesto a las Ganancias. El proyecto propone que esa exención caiga para los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive.

La lógica detrás de la medida es equiparar el tratamiento: si el activo que representan tampoco hubiera estado exento al comprarse directamente, la operación tendría el mismo tratamiento que la inversión directa en la acción extranjera. Las tenencias adquiridas antes de esa fecha no quedarían alcanzadas por esta modificación.

El foco está en el resultado de la compraventa, no en el dinero invertido. Los dividendos del exterior ya están gravados, y la propuesta no implica un impuesto sobre todo el capital. Su aplicación requiere la aprobación del Congreso y la definición de los aspectos reglamentarios para determinar el costo y el resultado de las operaciones.

Fondos comunes alcanzados

El proyecto también quita la exención a ciertos fondos comunes abiertos cuyo reglamento permita inversiones en activos del exterior por encima del límite legal general. En ese caso, el cambio alcanzaría a las cuotapartes adquiridas o suscriptas desde el mismo 31 de octubre.

Plazos fijos negociables y cobros de tarjetas

Para los ahorristas, el proyecto habilita la posibilidad de negociar en Bolsa certificados de plazo fijo constituidos a 365 días, o al plazo mayor que establezca el Banco Central (BCRA). Quien necesite recuperar el dinero antes del vencimiento podría vender el certificado a otro inversor. No equivale a una precancelación, porque recibiría el precio que consiga en el mercado, que puede ser distinto del capital depositado.

Para los comercios, la iniciativa obliga al emisor de la tarjeta a crear un título electrónico por las operaciones que autorice. Ese instrumento representará el cobro pendiente de la venta y podrá negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) o en plataformas bajo regulación del BCRA.

Un negocio que necesita dinero para reponer mercadería o pagar salarios podría vender ese derecho de cobro y recibir los fondos antes, descontando un costo financiero. Si bien hoy ya existen servicios de anticipo, la propuesta busca ampliar la competencia para que el comercio consiga mejores condiciones.

Más activos para respaldar créditos

Otro eje es ampliar los activos que pueden respaldar un préstamo, con la expectativa de que eso contribuya a bajar las tasas de interés. La reforma contempla expresamente software, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, cuentas por cobrar y flujos futuros de fondos. Una empresa podría utilizar parte de sus cobranzas previstas como garantía, además de sus bienes físicos.

En ese sentido, el proyecto crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, con entidades públicas y privadas conectadas a una base común y el BCRA como autoridad de aplicación. La inscripción tendrá efectos nacionales y la prioridad entre acreedores se determinará por el momento del registro. También podrán constituirse nuevas prendas sobre un mismo bien sin autorización del primer acreedor, respetando ese orden.

El proyecto extiende a cualquier acreedor titular de un certificado prendario la posibilidad de solicitar judicialmente el secuestro del bien ante un incumplimiento, cuando esté previsto en el contrato. Para relaciones de consumo, contempla una citación previa al deudor para que ejerza su defensa.

El campo y los instrumentos financieros

En el sector agropecuario, se habilitan pagarés que prometan entregar bienes físicos, como granos, con cantidad, calidad, lugar y fecha definidos. Pagarés y letras de cambio podrán incorporar cláusulas de actualización basadas en índices o unidades de valor verificables. Además, se amplían los warrants a bienes en proceso de producción, se vuelve optativo el seguro y se flexibiliza su venta ante incumplimientos.

La reducción de intermediarios alcanza a la factura de crédito electrónica pyme y a instrumentos como cheques diferidos, pagarés y warrants. Plataformas registradas ante el BCRA podrán cursar operaciones directamente a mercados autorizados por la CNV, sin intervención obligatoria de agentes bursátiles. Las Sociedades de Garantía Recíproca y el régimen de factura de crédito pasarán a tener al Central como autoridad de aplicación.

Activos virtuales y planes de ahorro

En paralelo, se busca habilitar expresamente a fondos abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales, sujeto a la reglamentación de la CNV y a su política de inversión. Se eleva del 10% al 25% del capital el máximo legal de acciones propias que puede mantener una empresa.

Otro capítulo desregula las sociedades de capitalización y ahorro, entre ellas las que ofrecen planes para comprar autos. Los nuevos contratos quedarán sujetos al Código Civil y Comercial y Defensa del Consumidor; los vigentes conservarán las condiciones generales aprobadas por la Inspección General de Justicia hasta su vencimiento, rescate o rescisión.

Qué falta para que se aplique

Todo el paquete requiere aprobación del Congreso. En caso de aprobarse, el registro de garantías tendrá una implementación gradual: el BCRA dispondrá de 180 días desde la promulgación para reglamentarlo técnicamente y deberá alcanzar plena operatividad dentro de los 360 días. Hasta entonces seguirán los registros existentes y las garantías inscriptas conservarán su prioridad.