Investigan a EJESA por un presunto fraude millonario y piden que ARCA intervenga

La Legislatura de Jujuy avanza con un pedido de informes para auditar a la distribuidora de energía EJESA, en medio de una denuncia por un presunto fraude de $6.654 millones. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Soler, busca que la SUSEPU y la agencia ARCA crucen los datos fiscales de la empresa y determinen si hubo irregularidades en la facturación del IVA, el cargo FOPEJ y los sobrecostos del Sistema Aislado.

Los tres ejes del pedido de informes

El proyecto presentado por Soler apunta a desentrañar la estructura de costos autorizada a la empresa y plantea tres puntos centrales. El primero es la revisión del IVA: se pide explicar los criterios con los que se aplican las distintas alícuotas del impuesto en las facturas de usuarios residenciales, comerciales e industriales, y evaluar si existieron distorsiones que perjudicaron a los consumidores.

El segundo eje es la transferencia de sobrecostos del Sistema Aislado Provincial (SAP). Se exige transparentar si se trasladaron a la tarifa general los costos e impuestos a los combustibles fósiles (ICL e ICO2) derivados de la generación térmica, una práctica que encarece la factura sin un sustento claro para el usuario común.

El tercer punto es un cruce contable tripartito: Soler solicitó la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y de la Dirección Provincial de Rentas para comparar los costos de explotación declarados por EJESA ante la SUSEPU, sus balances comerciales y sus declaraciones juradas tributarias.

El antecedente de la denuncia por $6.600 millones

El pedido de auditoría llega sobre un terreno sensible. La distribuidora arrastra una denuncia por un presunto fraude de $6.654 millones, presentada por un supuesto ardid contable entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Según el planteo, EJESA habría ocultado la aplicación real del IVA en usuarios residenciales al etiquetar el cargo FOPEJ como “exento”, calculado el tributo en las tarifas de los comercios sin ingresarlo al fisco y percibido tributos por combustibles teóricos para la generación de energía aislada que nunca habrían sido adquiridos.

Esa denuncia llevó a que asociaciones de usuarios como CODECUC evaluaran acciones legales contra la compañía.

Advertencia por la concesión

El avance del pedido de informes busca determinar si la SUSEPU ejerció su rol de contralor o si autorizó cuadros tarifarios basados en proyecciones de costos no verificadas. En ese sentido, Soler advirtió que, de confirmarse las irregularidades tributarias y los sobrecostos injustificados, la provincia podría iniciar una revisión formal de los compromisos de la distribuidora y evaluar la posible rescisión del contrato de concesión de energía eléctrica.