Investigan a un empresario de la construcción en San Juan: su defensa dice que no hay delito

La justicia penal de San Juan puso la lupa sobre el empresario Iván Federico Goldstein, dueño de una constructora con años de trayectoria en la provincia. La imputación es por presunto desbaratamiento de derechos acordados y el foco está en la entrega de departamentos de los edificios Catamarán. La defensa, sin embargo, sostiene que no hubo ningún ilícito y que se trata de una disputa civil derivada de una deuda millonaria.

El abogado Rubén Pontoriero, representante de Goldstein, habló con el móvil de Canal 13 y fue categórico: "Hemos venido a ejercer la defensa y manifestar que no se ha cometido ninguna irregularidad ni ningún ilícito. Esta es una causa de tinte civil donde se está usando la jurisdicción penal para adelantar una decisión que corresponde a otro ámbito".

Una cesión de derechos y una deuda que nunca se pagó

Según la versión de la defensa, el origen del conflicto está en una serie de contratos cruzados. Los denunciantes son de apellidos Icazati y González, quienes recibieron acciones y derechos de un tercero identificado como Daher. "Daher es quien contrata originalmente con Goldstein, pero en una cesión de derechos bastante singular, le cede las acciones y los derechos a los denunciantes, pero él asume la deuda. Esa deuda, que ronda entre los 240.000 y 260.000 dólares por cada departamento, nunca fue cancelada", explicó Pontoriero.

El letrado argumentó que, ante la falta de pago, Goldstein aplicó una cláusula contractual: "El contrato tenía un pacto comisorio expreso: si no se paga, se resuelve. Lo que hizo Iván Goldstein es hacer uso de su derecho a rescindir; no hizo otra cosa que ejercer lo que la ley le otorga".

Sin comprobantes de pago y con un documento bajo la lupa

Consultado sobre los documentos que probarían el pago de los departamentos, Pontoriero afirmó: "Nosotros no tenemos constancias documentadas ni contables de que se hayan pagado esos departamentos". Además, adelantó que el documento utilizado para realizar adendas posteriores es "de nulidad absoluta" y ya se discute en la justicia civil.

La justicia dispuso un plazo de investigación de un año. La defensa se mostró confiada en que la situación se aclarará antes de que se cumplan los plazos de entrega de las viviendas. "Los departamentos tienen un plazo de entrega de 24 meses. Posiblemente, para esa fecha, tanto la cuestión civil como la penal van a estar absolutamente dilucidadas", concluyó el abogado.