Investigan a una firma de San Nicolás por 30.000 toneladas de un insumo clave para la cocaína

La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás formalizó una investigación penal contra una empresa de logística portuaria por presuntas irregularidades en el transporte y el almacenamiento de carbonato de sodio, una sustancia que la ley incluye entre los precursores químicos bajo control estatal. La causa abarca una operatoria de más de 30.000 toneladas de ese producto y posibles incumplimientos en el registro, la documentación y la trazabilidad de la carga. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo ordenó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de la firma.

Los imputados son la empresa Terminales y Servicios SA, en su carácter de persona jurídica, y su presidente. Se les atribuye una presunta infracción al artículo 44 bis de la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico, que sanciona a quienes falseen u omitan presentar datos ante la autoridad de control. La responsabilidad de la firma se encuadra en el artículo 27 de esa misma norma, que prevé multas para las personas jurídicas a través de las cuales se cometan los delitos contemplados, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las personas humanas involucradas.

La audiencia de formalización se realizó el jueves pasado ante Villafuerte Ruzo y contó con la intervención del titular de la sede descentralizada, el fiscal federal Matías Di Lello.

Cómo arrancó la pesquisa

El expediente nació a partir de un procedimiento de Gendarmería Nacional realizado el 12 de junio pasado. Según los elementos reunidos, la operatoria involucró 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera y trasladadas desde el puerto con una flota de 31 camiones.

Entre las irregularidades detectadas aparecen la falta de inscripción de los vehículos y del depósito usado para guardar parte de la mercadería en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), y el empleo de camiones y choferes de una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control. Los traslados, además, se habrían hecho sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Uno de los puntos bajo análisis es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito de la firma que no contaba con la habilitación correspondiente.

La fiscalía también relevó diferencias de stock: 20 toneladas frente a los registros aduaneros y otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma. A eso se suman inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y los registros de la Aduana.

Por otra parte, según la información aportada por la empresa que presta el servicio de geolocalización, 18 de los 31 camiones utilizados no tenían activo el sistema de GPS y, en los restantes, se detectaron desvíos de ruta que no habían sido informados.

Las actuaciones incluyen además presuntas inconsistencias en la documentación presentada para operar la carga, que habría sido declarada como fertilizante, y la falta de entrega de información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito.

Regularización tardía y multa

De acuerdo con la información incorporada a la pesquisa, la firma luego regularizó la inscripción del depósito y de los vehículos secuestrados ante el RENPRE. Sin embargo, en el ámbito administrativo el organismo de control le impuso una multa de 504.688 pesos por los incumplimientos detectados, al ratificar que el mero inicio del trámite no autoriza el acopio anticipado de sustancias controladas.

En el proceso penal, la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás pidió el embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de Terminales y Servicios S.A. para asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa.

Durante la audiencia, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos constituían irregularidades de índole administrativa. El juez, en cambio, compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal sobre la materialidad de los hechos y las evidencias reunidas, dio por formalizada la investigación al entender que la conducta encuadra en el artículo 44 bis de la Ley 23.737, hizo lugar al embargo preventivo y fijó un año como plazo para el desarrollo de la pesquisa.

¿Qué es el carbonato de sodio y por qué se controla?

Se trata de un compuesto químico sólido, soluble en agua y de color blanco. En la industria legítima se usa masivamente para fabricar vidrio, jabones, en el tratamiento de aguas y en la actividad minera vinculada a la explotación de litio.

Aunque no es un estupefaciente, está incluido en la Lista II de precursores químicos del Decreto Nacional N°593/2019 (y su actualización mediante el Decreto 128/26), que reglamenta el RENPRE. Por eso su transporte y almacenamiento están sujetos a obligaciones específicas de registro y control.

Según explicó la fiscalía, la razón es que se trata de un insumo químico esencial en los procesos de neutralización, purificación y conversión de la pasta base para la elaboración a gran escala de clorhidrato de cocaína.

Al ser un posible precursor químico eventualmente empleado para el narcotráfico, la ley exige el registro obligatorio de toda su cadena logística. La falta de remitos, transportes autorizados o depósitos declarados interrumpe la trazabilidad en tiempo real y genera un canal ciego que impide verificar si el destino final de la sustancia es la industria legal o la producción de drogas ilícitas.

La inversión millonaria que se atribuye a la firma

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en noviembre pasado la aprobación para construir un nuevo puerto en la localidad santafesina de Timbúes, sobre el río Paraná, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).

El proyecto prevé una inversión de 277 millones de dólares y proyecta almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. En total, entonces se pronosticaba una inversión de 550 millones de dólares.

Cuando comenzaron a circular trascendidos sobre esa gran inversión, fuentes del ámbito portuario deslizaron que detrás había nombres conocidos. Entre ellos, el empresario nicoleño Juan Manuel Ondarcuhu, titular de Terminales y Servicios SA.

Las cifras de la operatoria bajo investigación

De acuerdo con la información incorporada al legajo fiscal y expuesta en la audiencia, la operatoria bajo análisis comprende:

30.038 toneladas de carbonato de sodio: volumen total de la carga importada por la empresa minera.
4.766.252 dólares: valor estimado de la mercadería importada.
654.228 dólares: monto aproximado que habría cobrado Terminales y Servicios S.A. por las tareas de descarga y almacenamiento.
31 camiones: vehículos utilizados para trasladar la carga desde el puerto.
2.120 toneladas: cantidad de carbonato de sodio almacenada en un depósito que no contaba con la habilitación correspondiente, valuado en aproximadamente 337.080 dólares (unos 510,8 millones de pesos al cambio oficial).
20 y 85 toneladas: diferencias de stock detectadas, respectivamente, en la comparación con los registros aduaneros y en los cruces de información con los depósitos.
504.688 pesos: monto de la multa impuesta por el RENPRE en el ámbito administrativo por los incumplimientos detectados.
100 millones de pesos: monto del embargo preventivo solicitado por la fiscalía y otorgado por el juez sobre el patrimonio de Terminales y Servicios SA.