Investigan a una maestra jardinera por vender útiles escolares: dónde los ofrecía

La docente imputada por quedarse con material didáctico del Estado sigue dando clases, y la Justicia ya puso un plazo para la investigación. El dato que complica su situación está en dónde ofrecía lo que se llevaba.

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Investigan a una maestra jardinera por vender útiles escolares: dónde los ofrecía
Investigan a una maestra jardinera por vender útiles escolares: dónde los ofrecía

Una docente de nivel inicial quedó formalmente investigada por la Justicia de San Juan, acusada de sustraer insumos escolares del Estado para venderlos por redes sociales. A pesar del avance de la causa, la mujer sigue dando clases en otro establecimiento de la provincia.

La investigación se formalizó este viernes en una audiencia encabezada por la jueza de Garantías Carolina Parra. Allí, la UFI Delitos Especiales N° 1 —con el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín— presentó los detalles de la maniobra que se le atribuye a Rocío Sánchez, docente oriunda de Rivadavia.

¿Cómo se habría descubierto?

Según la acusación fiscal, todo salió a la luz el 29 de abril a partir de la denuncia de una compañera de trabajo. Sánchez se habría apoderado de insumos de librería y recursos didácticos destinados a las actividades de sus alumnos para después ofrecerlos a la venta en publicaciones de su perfil de Facebook y en estados de WhatsApp. Capturas de pantalla de esas ofertas forman parte de la prueba recolectada.

Antes de llegar al fuero penal, el caso había generado un expediente interno en el Ministerio de Educación, iniciado el 16 de septiembre de 2025, que derivó en la denuncia formal.

Qué dice la ley y qué resolvió la jueza

La calificación legal atribuida es la de peculado, delito que se configura cuando un agente público que administra o custodia bienes del Estado se los apropia. En la audiencia, la imputada contó con la asistencia de la defensora oficial Cecilia Mut Russo, en subrogancia de César Oro.

La magistrada Parra fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y dispuso que Sánchez mantenga la libertad bajo el compromiso de someterse al proceso y no interferir en la investigación.

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