Investigan el radar LeoLabs: el dato que dejó en jaque a la Provincia

El legislador Pablo Villegas (MPF) hizo un balance de las dos audiencias que la Comisión Especial Investigadora por la instalación del radar LeoLabs llevó adelante en Buenos Aires y aseguró que los testimonios obtenidos aportaron elementos relevantes para reconstruir el proceso y analizar las responsabilidades nacionales y provinciales.

USHUAIA.- Por la comisión pasaron el exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana; el exjefe del Estado Mayor Conjunto, teniente General Juan Martín Paleo, y el exvicepresidente del ENACOM, Gustavo López.

Según Villegas, Taiana y Paleo ratificaron que el equipamiento podía tener una función dual, civil y militar, y señalaron que el Ministerio de Defensa no contaba, con el marco legal vigente, con facultades para ordenar por sí mismo el desmantelamiento del radar. La comisión ya había informado que Taiana sostuvo que esa potestad correspondía al Gobierno provincial.

La duda que sigue abierta

El legislador también puso el foco en la situación actual del equipamiento. Señaló que existen testimonios y antecedentes documentales que mantienen abierta la discusión sobre si el radar está efectivamente fuera de funcionamiento, por lo que la comisión insistirá con pedidos de verificación técnica.

Villegas recordó que ya se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para determinar la situación del radar y anticipó que podrían hacer un pedido similar al ENACOM, a partir de la propuesta planteada durante la declaración de Gustavo López.

“Queremos que expertos puedan verificar in situ si el radar está funcionando o no”, explicó.

El rol de la Provincia

De acuerdo con los testimonios recibidos, la Provincia tuvo intervención en diferentes instancias vinculadas con la instalación, entre ellas el suministro de energía eléctrica y otros trámites administrativos.

Ahora, la Comisión Especial Investigadora deberá analizar si existieron responsabilidades políticas o institucionales de funcionarios provinciales, además de las actuaciones correspondientes a organismos nacionales.

Una ley para blindar los activos estratégicos

Villegas anticipó que la investigación podría derivar en propuestas legislativas para evitar situaciones similares en el futuro. “Me gustaría que elaboremos una legislación local que defina cuáles son nuestros activos estratégicos y establezca salvaguardas”, aseguró.

La intención, según explicó, es establecer mecanismos que permitan la intervención previa de distintos poderes del Estado frente a autorizaciones, concesiones o permisos que puedan involucrar recursos o espacios considerados estratégicos para la provincia.

Para el presidente de la Comisión Investigadora, Tierra del Fuego ocupa una posición geopolítica particular y la investigación sobre LeoLabs debe servir no solamente para establecer responsabilidades, sino también para generar herramientas institucionales que impidan que una situación de estas características vuelva a repetirse.