Investigan un búnker de drogas dentro de la cárcel de Piñero: quién está imputado
Los familiares de otros presos fueron los que destaparon todo: denunciaron que las mujeres los amenazaban para cobrar deudas que generaban los internos. La investigación terminó apuntando a un punto de venta de drogas dentro del penal. ¿Quiénes quedaron imputados?
La Fiscalía Nº2 de Rosario imputó a dos presos de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero por regentear un punto de venta de drogas dentro del penal, con la ayuda de tres mujeres en libertad. Entre los acusados aparece Axel Herrera, el joven de 21 años que espera el juicio por el crimen de Marcos Daloia, el chofer de la línea K asesinado en marzo de 2024.
La imputación alcanzó a cuatro personas. Además de Herrera, fue acusado Ezequiel Romero, otro interno de Piñero. Las otras dos imputadas son Natalia G., pareja de Romero, y Yamila R., pareja de otro preso, que según la investigación proveía de droga a Natalia G. y a la madre de Herrera para que ingresaran el material al penal. La madre de Herrera, por ahora, no fue acusada.
La fiscal Brenda Debiasi les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y por cometerse en el interior de un lugar de detención. Los varones fueron imputados como coautores y las mujeres como partícipes necesarias.
Qué encontró la investigación
Según la fiscalía, el grupo se dedicó a la comercialización de droga entre abril y septiembre de 2026 dentro de la prisión de Piñero, junto a otras personas aún no identificadas. La causa se inició por denuncias de familiares de otros internos, que aseguraron que las mujeres los amenazaban para cobrar deudas generadas por los presos. A partir de allí, la fiscal solicitó la intervención de teléfonos y el levantamiento del secreto bancario.
Las medidas judiciales permitieron determinar que Romero gestionaba la compra de droga fuera del penal y daba indicaciones "expresas" sobre dónde retirarla y a qué costo. Esas precisiones eran para Natalia G., encargada de ingresar el material fraccionado según el pedido de Romero.
Para meter la droga en la cárcel, Natalia G. usaba a otras mujeres, algunas embarazadas que evitaban el escáner. También se ocupaba de cobrarles a los familiares de los internos el dinero de las dosis que consumían adentro. A veces era Romero y otras Natalia G. quien exigía el pago, pero el hombre llevaba las cuentas del negocio, que en muchos casos se manejaban con billeteras virtuales.
Dentro del penal, Romero se apoyaba en Herrera, que recibía droga de parte de su madre en cada visita. Además, le pedía que se encargara de los cobros a familiares de internos deudores. Herrera le entregaba las ganancias a Romero, muchas veces a través de Natalia G.
El rol de Natalia G. era central: recepcionaba, organizaba, enviaba e ingresaba la droga a la unidad penitenciaria. Para ingresar el dinero reclutaba a mujeres embarazadas que sorteaban los controles con mayor facilidad. También ponía a disposición su cuenta de Mercado Pago para recibir el dinero y en muchas oportunidades se encargaba de apretar a las familias deudoras. Yamila R., la última imputada, guardaba y entregaba la droga a Natalia G. y a la madre de Herrera.
Los allanamientos y las detenciones
La Policía de Santa Fe detuvo a Natalia G. y a Yamila R. el 12 de septiembre en una serie de allanamientos. La primera cayó en su casa de Carlos Uriarte al 7700, en el sudoeste de Rosario. En el procedimiento se encontró casi 8 gramos de marihuana, una balanza de precisión, anotaciones relativas a la venta de estupefacientes y mensajes que debía reenviar. La segunda fue detenida en su vivienda de Cafferata al 3900, también en el sudoeste de Rosario, donde se secuestraron 153 gramos de marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
La jueza de primera instancia Dra. Granato dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para Natalia G., mientras que a Yamila R. le dictó la libertad con medidas alternativas. Herrera y Romero también quedaron detenidos por esta causa, pero no cambió su condición procesal previa.
La causa que espera Herrera
Herrera había sido detenido en julio de 2024 por su participación en el crimen de Marcos Daloia, el chofer de la línea K atacado a balazos el 7 de marzo en Mendoza y Guatemala, que falleció tres días después. Se entregó luego de ver su imagen difundida por los medios. Fueron sus familiares quienes lo identificaron y le recomendaron que se entregara, con la ayuda de un pastor de confianza del barrio.
En la audiencia imputativa se supo que, por conflictos relacionados con el mundo del narcomenudeo, había dejado su casa familiar y desde entonces vivía con Axel Rodríguez, otro de los imputados en la causa como partícipe del crimen de Bruno Bussanich, el joven playero asesinado el 9 de marzo de 2024.
Mientras espera el juicio por el crimen de Daloia, Herrera, que ahora tiene 21 años, sumó una nueva imputación: regentear un búnker de drogas en la cárcel de Piñero.