Invierten US$ 70 millones para transformar la Ruta 1 en Jujuy
La ruta productiva de Jujuy recibirá una inversión millonaria, pero hay un detalle sobre su función logística que puede cambiar el tránsito en la zona.
El Gobierno de Jujuy presentó un plan de obras por 130 millones de dólares que contempla la modernización de la Ruta Provincial 1, con una partida cercana a los 70 millones para esa arteria clave. El anuncio lo hizo el gobernador Carlos Sadir en el marco del Programa de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico, financiado por el Banco Mundial.
El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, señaló que la intervención en la Ruta 1 "se posiciona como una de las obras más determinantes" dentro del esquema integral. El proyecto abarca un tramo prioritario de aproximadamente 100 kilómetros, que conecta San Pedro de Jujuy con Caimancito.
Qué incluye la obra
Según Siufi, la obra contempla "intervenciones clave orientadas a la seguridad vial, mejoras en la infraestructura hidráulica para prevenir anegamientos y la instalación de puestos de control de carga para preservar la durabilidad del calzado asfáltico". Además, se busca optimizar la circulación de los transportes que trasladan la producción regional.
Uno de los aspectos más destacados es la función logística: la Ruta 1 operará como una alternativa de desvío o bypass a la Ruta Nacional 34. "Con esta variante, se prevé descomprimir de manera sustancial el intenso tránsito pesado que hoy atraviesa áreas urbanas de Ledesma, Fraile Pintado y San Pedro de Jujuy", precisó el funcionario.
PROTEGES, el nuevo plan de seguridad
En paralelo, Siufi se refirió al modelo de seguridad territorial "PROTEGES", que ya comenzó a implementarse como plan piloto en los barrios El Chingo y Punta Diamante de San Salvador de Jujuy. El objetivo es reforzar la prevención y adaptar la respuesta policial a la realidad de cada zona.
La estrategia del Ministerio de Seguridad apunta a la proximidad ciudadana: más efectivos en la calle, incorporación de camionetas y motocicletas, y un contacto directo con los vecinos. También se sumarán cámaras de videovigilancia, tótems de seguridad y una articulación directa con el 911.
La vertiente comunitaria es clave: a través de mesas de diálogo se buscará aprovechar el conocimiento territorial de los residentes para trazar mapas del delito, delimitar "zonas rojas" y evaluar el impacto del operativo antes de extenderlo a otros puntos de la provincia.
