Invirtió sus ahorros en una plataforma que prometía ganancias fáciles: el final que nadie le anticipó

Una mujer de Concepción del Uruguay denunció una presunta estafa que le hizo perder más de 64.000 dólares tras invertir en una plataforma de trading que conoció por Facebook. La víctima, identificada como M.J.O.G., siguió las instrucciones de supuestos asesores, vendió acciones y bonos, y hasta pidió dos préstamos bancarios antes de advertir que todo era un engaño.

La maniobra arrancó cuando la mujer vio un anuncio en Facebook atribuido a Libertex, una plataforma que promocionaba inversiones automatizadas sin necesidad de conocimientos financieros. El aviso ofrecía operar con criptomonedas, divisas, materias primas y acciones. Atraída por la propuesta, creó una cuenta y dejó sus datos personales.

Poco después empezó a recibir llamados de dos personas que se presentaron como “C. J.” y “D.”, y que decían ser operadores y asesores de la plataforma. Según la denuncia, ellos le indicaron que descargara las aplicaciones Libertex, Belo y Fiwind, y le explicaron cómo transferir el dinero, configurar las operaciones y hacer los depósitos.

Las primeras operaciones generaron confianza

La mujer sostuvo que no hizo ninguna operación sin seguir las instrucciones de esas personas. Las primeras inversiones dieron resultados favorables, lo que fortaleció su confianza y permitió que los interlocutores la convencieran de poner cada vez más plata.

En una primera etapa usó fondos de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Después, siguiendo las recomendaciones, vendió acciones y bonos que tenía en otras plataformas para volcar ese dinero a las nuevas operaciones.

Vendió activos y pidió dos préstamos

Con el correr de los días, las inversiones empezaron a registrar pérdidas importantes hasta comprometer todos sus ahorros. Ante ese panorama, los presuntos operadores le dijeron que necesitaba ingresar más dinero para evitar el cierre de las operaciones y recuperar el capital.

Bajo esa promesa, la mujer obtuvo un préstamo de 16 millones de pesos en el Banco Santander y otro de 11,5 millones en el Banco Nación. Según denunció, transfirió la totalidad de esos fondos para seguir invirtiendo.

La víctima también afirmó que en su cuenta se ejecutaron operaciones, modificaciones de márgenes y mecanismos de apalancamiento que no conocía ni había autorizado. Después de perder el dinero, reclamó ante la plataforma pero aseguró que no obtuvo respuesta.

La denuncia por más de 64.000 dólares

La damnificada sostuvo que los operadores usaron el engaño y la manipulación para captar más de 64.000 dólares, simular pérdidas y dejarla sin sus ahorros. Con el patrocinio de su abogado, formalizó la denuncia el 27 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Federal de Victoria.

La presentación planteó la posible comisión de los delitos de estafa e intermediación financiera no autorizada. En particular, consideró que la operatoria podía configurar una captación de fondos sin autorización, contemplada en el artículo 310 del Código Penal, vinculada con la estafa prevista en el artículo 172.

El Ministerio Público Fiscal comunicó la denuncia al Juzgado Federal de Victoria y consideró que los hechos podían corresponder al fuero federal. Sin embargo, planteó la incompetencia territorial porque la mujer residía en Concepción del Uruguay y allí se habían realizado los movimientos bancarios y solicitado los préstamos.

Qué juzgado investigará el caso

El juez federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, declaró su incompetencia territorial y remitió las actuaciones al Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del magistrado subrogante Hernán Viri. Fundamentó la decisión en el domicilio de la denunciante y en el lugar donde se desarrollaron las operaciones bancarias.

Tras las distintas intervenciones judiciales, quedó planteado un conflicto negativo de competencia entre ambos juzgados. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná debió intervenir para establecer cuál de los tribunales continuaría con la investigación.

Finalmente, el 10 de septiembre, la Cámara resolvió que el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay era competente para tramitar las actuaciones. La decisión fue firmada por la jueza Cintia Gómez y permitió definir la jurisdicción en la que se investigará la maniobra denunciada.