IOMA contra los amparos: Giles denunció una “manipulación informativa” por el ajuste a acompañantes

El gobierno bonaerense salió a defender la gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) frente a los cuestionamientos por las prestaciones de acompañamiento terapéutico. El presidente del organismo, Homero Giles, sostuvo que la versión sobre un supuesto ajuste al sector es producto de una “manipulación informativa” y desplazó la discusión hacia el impacto económico de los amparos judiciales.

El planteo fue compartido públicamente por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que defender IOMA también implica discutir “cómo se utilizan sus recursos”, eliminar intermediaciones y garantizar que los fondos lleguen a sostener la atención de los afiliados.

Según explicó Giles, el problema no estaría en una decisión general de reducir la cobertura de acompañantes terapéuticos, sino en las diferencias de costos entre las prestaciones que ingresan por el circuito administrativo habitual y aquellas que son ordenadas por la Justicia.

El dato que puso IOMA sobre la mesa

De acuerdo con los números difundidos por la obra social correspondientes a abril de 2026, 5.793 acompañantes terapéuticos brindaron cobertura regular a unos 7.800 afiliados, mientras que 387 profesionales vinculados a amparos judiciales concentraron una demanda de $1.116 millones para atender a 409 afiliados.

La diferencia también aparece en el costo promedio por afiliado. IOMA sostiene que dentro del circuito administrativo regular la prestación representa unos $550.000 mensuales, mientras que en los casos judicializados supera los $2,7 millones.

Desde el organismo calcularon que esa diferencia representa alrededor de $890 millones mensuales, unos $10.500 millones anualizados, y remarcaron que el planteo no apunta a cuestionar el derecho de los afiliados a recibir atención, sino a revisar por qué una misma prestación puede terminar costando varias veces más cuando ingresa mediante una orden judicial.

Empresas bajo la lupa

Uno de los puntos más sensibles del planteo de Giles está relacionado con determinadas empresas que aparecen vinculadas a prestaciones judicializadas.

El presidente de IOMA señaló que el relevamiento interno detectó firmas cuya relación con afiliados de la obra social aparece, en los casos analizados, exclusivamente asociada a órdenes judiciales y sin actividad registrada en el circuito administrativo regular.

Entre las empresas mencionadas figuran APREDIS S.R.L., CAEDIS SRL, REDAT y MANOS ENTRELAZADAS S.R.L.. En conjunto, según los datos difundidos por Giles, concentran 66 afiliados bajo amparo y perciben aproximadamente $151 millones mensuales, equivalentes a más de $1.800 millones anuales.

Giles evitó atribuir responsabilidades penales y planteó la necesidad de avanzar con auditorías sobre toda la cadena: desde las derivaciones y las indicaciones médicas hasta el papel de profesionales, abogados, intermediarios y juzgados.

La crítica a los “amparos exprés”

El funcionario también cuestionó los casos en los que la vía judicial se inicia sin que previamente exista un trámite administrativo ante IOMA.

Según su explicación, en esos expedientes la obra social puede recibir como primera notificación directamente una orden judicial que obliga a cubrir determinada cantidad de horas y, en algunos casos, con un prestador previamente elegido.

La pregunta que plantea Giles es cuál sería el acto administrativo arbitrario que corrige el amparo cuando IOMA “nunca tuvo oportunidad de analizar la solicitud”.

Para el titular del organismo, este mecanismo termina convirtiendo al Poder Judicial en una instancia de autorización de determinadas prestaciones y desnaturaliza el carácter excepcional que debería tener el amparo.

IOMA admite una fuerte presión financiera

La defensa de la gestión no desconoce, sin embargo, que la obra social atraviesa dificultades económicas. Giles sostuvo que IOMA enfrenta una crisis financiera vinculada tanto a factores generales del sistema sanitario como a problemas específicos de la obra social.

Según los números que difundió, existe una presión extraordinaria de aproximadamente $24.551 millones mensuales. Entre los factores señalados aparecen el déficit generado por la cobertura de unos 355.000 afiliados municipales, el aumento de la utilización de servicios y medicamentos y el incremento de los costos de prestaciones, medicamentos, prótesis, insumos y tecnología médica.

En ese contexto, la judicialización aparece para la conducción de IOMA como una presión adicional sobre las cuentas.

“No hay un ajuste” sobre los acompañantes, según Giles

Frente a las críticas de los prestadores, el titular del organismo también destacó que la cantidad de acompañantes terapéuticos incorporados al circuito regular aumentó durante los últimos años.

Giles aseguró que actualmente IOMA cuenta con alrededor de 7.000 profesionales en el circuito ordinario, frente a unos 4.000 al inicio de la gestión en 2020. Esto representa, según sus cifras, un incremento cercano al 70%.

La discusión que plantea la obra social, por lo tanto, no sería únicamente económica sino también sanitaria: qué prestación corresponde en cada caso y cuáles son los límites entre el acompañamiento terapéutico, el cuidado domiciliario y la enfermería.

En particular, Giles cuestionó las indicaciones que establecen acompañamientos de 12, 18 o hasta 24 horas diarias, al considerar que una necesidad de asistencia permanente no necesariamente implica la necesidad técnica de contar con un acompañante terapéutico durante toda la jornada.

Prometen acelerar los pagos

Otro de los reclamos que atraviesa al sector es el atraso en el pago de honorarios. Sobre ese punto, Giles reconoció que los profesionales tienen derecho a cobrar en tiempo y forma y aseguró que la obra social trabaja para reducir los plazos administrativos.

Según informó, durante los primeros meses de 2026 el promedio entre la presentación de las facturas y su pago fue de unos 48 días, mientras que las prestaciones de mayo llegaron a pagarse a un promedio de 57 días.

El titular de IOMA sostuvo que esa situación ya fue corregida y fijó como objetivo acercarse a un plazo de 30 días para el pago de las prestaciones.

Con el respaldo público de Kreplak, la conducción de IOMA busca así correr el eje de la discusión: de la denuncia de un supuesto ajuste sobre los acompañantes terapéuticos hacia el funcionamiento financiero de la obra social, el impacto de los amparos y los mecanismos mediante los cuales se asignan los recursos.