Italia endurece las reglas: quién paga la factura si el que rompe es un menor
Meloni quería darles a los militares poder de arresto en Milán. El Quirinal lo frenó y el decreto salió igual, pero con otra vuelta de tuerca: ahora los padres de los menores que rompan van a tener que pagar la factura.
Roma — "Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades, no". Con esa frase, Giorgia Meloni presentó el paquete de medidas que su consejo de ministros aprobó este martes, después de un fin de semana de disturbios, saqueos y choques con la policía en ciudades como Bolonia, Turín y, sobre todo, Milán.
El decreto-ley no solo apunta a los adultos: también cambia las reglas para los chicos de entre 14 y 18 años, que hasta ahora eran inimputables si no se demostraba que comprendían sus actos. Y suma el desembarco de 500 militares en la capital lombarda, el epicentro de la violencia de los últimos días.
Qué cambia para los menores
El gobierno de derecha había querido darles a los militares poder de policía y arresto, pero debió retroceder: desde el Palacio del Quirinal, la presidencia de Sergio Mattarella, frenaron esa avanzada y la corrigieron.
En un video que publicó en sus redes apenas terminó la reunión de ministros, la primera ministra celebró la creación de "un nuevo delito" que también alcanza a menores: la participación violenta en una manifestación.
"Si durante una marcha de protesta te unís a un grupo de 5 o más personas y comenzás a tirar piedras, petardos, palos, poniendo en peligro la seguridad de todos, arriesgas una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros", explicó, en tono de campaña electoral por los comicios del año que viene.
"Si llevabas el rostro cubierto o si causaste lesiones a alguien, la pena aumenta; lo mismo ocurre con las sanciones para quienes participan en actos de destrucción como parte de un grupo", agregó.
Después llegó el principio que resumió como "simple": "Quien rompe paga y si quien rompe es un menor, pagan sus padres". Si el daño fue a un bien público, como un semáforo, el jefe de la policía enviará la factura correspondiente; si el perjudicado es un privado, como el dueño de una vidriera, podrá obtener de un juez una orden de cumplimiento inmediato.
El tercer punto es el más sensible: para los menores de 14 a 18 años ya no regirá el principio por el cual el Estado debía probar en cada caso que el chico era capaz de entender sus actos. "Se invierte este principio, estableciendo la presunción de que el individuo era capaz de comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario", anunció Meloni. La norma estaba en el Parlamento, pero con el decreto entra en vigor de inmediato.
"Además, la prisión preventiva —que hasta ahora solo se aplicaba a los adultos— podrá aplicarse también a los menores", siguió. Se trata de una detención de entre 12 y 24 horas, extendida a los chicos.
El cuarto anuncio fue el operativo: 500 efectivos militares adicionales en Milán hasta fin de año para colaborar con la policía y los carabineros. También se sumarán más magistrados a la justicia de menores, "para que la certeza de la pena también valga para quien tiene 16 años".
Los números del fin de semana
Meloni informó que 200 agentes resultaron heridos solo en Milán y, citando a Confcommercio, la entidad que reúne a los comerciantes, estimó los daños en cerca de un millón de euros. Las cifras son ínfimas comparadas con lo ocurrido en Francia.
La primera ministra describió el fenómeno como algo distinto a lo conocido: "centenares de jóvenes, muchísimos de ellos, menores, llegados en pequeños grupos, convocados por un video en las redes sociales, chicos que llegan a las plazas para romper, robar y filmarse mientras lo hacen".
"Se trata de un fenómeno que debemos abordar con seriedad, entre otras razones para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a imitar", advirtió.
Y sentenció: "No hay nada de revolucionario en causar devastación y robar. Causar devastación y robar no es una forma de protesta; es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme".
Durante el fin de semana, las fuerzas del orden detuvieron a 330 personas. Meloni detalló que "la mitad es de origen extranjero, ya sea porque nacieron en el extranjero o porque nacieron en Italia en el seno de familias extranjeras". Y se mostró consternada al enterarse de que, entre los chicos identificados en Milán, el más pequeño tiene 11 años.
La advertencia de un juez
La aprobación del decreto ocurrió en un clima de tensión. Al disponer la cárcel para cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años detenidos en los desmanes del sábado en Milán, el juez de instrucción preliminar Fabrizio Filice alertó sobre "un riesgo extremadamente alto de que esto pueda volver a ocurrir a corto plazo".
"Basta con considerar que, al día siguiente de los hechos —el domingo 18 de octubre—, surgió una situación similar y que, en los días posteriores, han circulado a través de las redes sociales nuevos llamamientos a la acción" por parte de las cuentas "Italia in piazza" y "Movimento 17 ottobre", actualmente bajo investigación, que pretenden mantener "un carácter decididamente violento e insurreccional".
Para el magistrado, hay "un plan deliberado para desestabilizar el orden público" que se apoya en la participación espontánea de muchos jóvenes que, inmersos en una situación de descarga colectiva de ira y violencia, "pierden por completo el control de sus impulsos y se transforman, a su vez, en actores violentos y antisociales". Filice incluso mencionó la "euforia de poder entrar en un negocio y poder adueñarse de ropa y zapatillas sin pagarlos".
Antes, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, había relacionado el fenómeno con "una guerra híbrida". "Los hechos de Milán y otros lugares de Italia son profundamente distintos a los vividos en otras épocas; son el resultado de lo que denomino 'guerra híbrida', una forma de conflicto que se libra contra nuestras naciones mediante herramientas no convencionales como TikTok, las redes sociales y YouTube, todo ello mientras Occidente permanece, en gran medida, ajeno a la situación y no logra articular ninguna respuesta significativa", sostuvo en un seminario.
Las críticas de la oposición
La centroizquierda criticó con dureza el decreto. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, admitió estar preocupado por lo que pueda pasar el próximo fin de semana y no ocultó su perplejidad ante el despliegue de 500 militares.
"No es solo un problema de represión", advirtió. "Lo que me preocupa es que esta situación, que surge de un malestar que nadie puede permitirse no ver, se esté planteando únicamente en términos de violencia y de la represión de dicha violencia", afirmó. Y pidió: "Quienes toman las decisiones políticas deben actuar con sensatez, abordando las causas profundas y analizando el origen de estos problemas".
Sala sostuvo que se trata de un "fenómeno mucho más amplio" y aludió a la situación de París. "Así son las grandes ciudades: crecen y, al hacerlo, albergan tensiones sociales que luego hay que gestionar", dijo, al pedir que se reflexione sobre la procedencia de estos jóvenes —"muchos no son de Milán"— y sobre el rol de las redes sociales.
"Tenemos a cuatro estadounidenses obscenamente ricos que controlan el mundo de las redes sociales, mientras el resto de la sociedad paga las consecuencias. Creo que los responsables políticos deberían tener la sensatez de reconocer esto", disparó.
Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026