Jaldo anuncia un 2026 de cambios profundos: ¿Qué pasará con los organismos intervenidos por décadas en Tucumán?

El gobernador Osvaldo Jaldo marcó la agenda para este año, declarando que 2026 debe ser el año de las “transformaciones institucionales” en Tucumán. El anuncio pone en la mira a al menos seis organismos públicos que llevan intervenidos hasta 34 años, con autoridades designadas directamente por el Ejecutivo. La promesa busca revertir una situación que distintos sectores vienen cuestionando desde hace años, aunque intentos anteriores por regularizarlos fracasaron por vetos o disputas judiciales.

Durante su discurso en la Apertura de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, el mandatario puso especial énfasis en la necesidad de cambios estructurales. Entre ellos, mencionó la reforma electoral y, de manera crucial, la regularización definitiva de los entes autárquicos que permanecen bajo intervención.

Jaldo afirmó que su gestión buscará impulsar modificaciones de fondo en el funcionamiento del Estado provincial. Uno de los objetivos declarados será terminar con la intervención prolongada de distintos organismos, algunos de los cuales permanecen bajo esa condición desde la década de 1990.

¿Cuáles son los organismos intervenidos?

La lista de entes en esta situación es extensa y refleja décadas de administración directa por parte del Poder Ejecutivo. El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst o Subsidio de Salud) está intervenido desde 1990.

Le sigue el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), intervenido desde 1991, y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), desde 1998. El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) lleva en la misma condición desde el año 2000.

La Caja Popular de Ahorros fue intervenida en 2003. El caso más reciente es el del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), cuya intervención se dispuso recién en 2024, durante la actual administración de Jaldo.

Actualmente, las autoridades de estos entes son designadas directamente por el Poder Ejecutivo mediante decretos. Un ejemplo reciente ocurrió en enero, cuando se nombró al contador Guillermo Norry —ex interventor de la Municipalidad de Alberdi— como interventor de la Caja Popular de Ahorros.

Un reclamo histórico con varios intentos fallidos

El reclamo por la normalización de estos organismos tiene larga data en la política tucumana. En 2007, la Legislatura provincial había aprobado una ley para regularizar estas entidades, pero el entonces gobernador José Alperovich decidió vetar la norma.

Posteriormente, durante el inicio del primer mandato de Juan Manzur, también surgió el compromiso de avanzar en esa dirección, aunque finalmente las intervenciones continuaron sin cambios concretos. La situación incluso derivó en una batalla legal.

En abril de 2015, el entonces legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) presentó una acción de amparo ante la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo. Exigía el levantamiento de las intervenciones en el Subsidio de Salud, el Ipvdu y el IPLA, argumentando el tiempo prolongado de esas medidas.

En 2020, la Sala II falló a favor del planteo, otorgando un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para regularizar la situación. Sin embargo, el gobierno de Manzur apeló y el expediente llegó a la Corte Suprema de Tucumán. En 2024, el máximo tribunal provincial dejó sin efecto la resolución de primera instancia. Tras esa decisión, Colombres Garmendia anunció su intención de llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación.

¿Qué dijo Jaldo sobre el camino a seguir?

En su discurso, el gobernador planteó una hoja de ruta clara: “Si el 2025 fue el año de la obra pública, el 2026 tiene que ser el año de las transformaciones en las instituciones de Tucumán”. Aseguró estar dispuesto a impulsar las decisiones necesarias junto a la Legislatura provincial, que preside el vicegobernador Miguel Acevedo.

Como antecedente positivo, Jaldo destacó la reciente regularización de las Juntas de Clasificación Docente, que —según remarcó— permanecieron durante 17 años integradas únicamente por representantes designados por el Ejecutivo. Cuestionó ese esquema, afirmando que en la práctica implicaba que las designaciones docentes se realizaran de manera discrecional.

Consultado posteriormente en conferencia de prensa sobre la situación de los organismos intervenidos, el gobernador confirmó que mantiene conversaciones con el vicegobernador Acevedo para avanzar en su normalización. “La decisión nuestra es tratar de normalizarlos de una vez por todas”, expresó Jaldo, al señalar que estas intervenciones llevan “muchos años” y forman parte de una reorganización institucional más amplia.

La promesa de avanzar con la normalización de los entes intervenidos vuelve a instalarse en la agenda política tucumana. La gran incógnita ahora es si el anuncio del gobernador se traducirá finalmente en reformas concretas o si, como en ocasiones anteriores, el debate volverá a quedar atrapado entre tensiones políticas y disputas judiciales prolongadas.