Jaldo compra un edificio para la Junta Electoral y la oposición le apunta a las inundaciones

La decisión del Gobierno de Tucumán de avanzar con la compra de un inmueble para la Junta Electoral Provincial (JEP) encendió las alarmas en la oposición, que salió a cuestionar tanto el destino de los fondos como el mecanismo elegido para cerrar la operación. El eje del reclamo: por qué se destina dinero a una sede administrativa cuando la provincia sigue sin obras hídricas de peso a las puertas del verano.

El abanico de críticas fue amplio. Algunos dirigentes exigieron una licitación pública, otros propusieron reacondicionar edificios estatales ya existentes y varios plantearon que la plata debería ir a modernizar el sistema electoral. Las voces opositoras se cruzaron entre La Libertad Avanza, Fuerza Republicana, Cambia Tucumán, Creo y la UCR. El PRO, en cambio, se desmarcó con una postura más amable hacia la compra.

La Libertad Avanza apuntó contra Jaldo

Desde LLA Tucumán rechazaron de plano la operación y cargaron contra el gobernador Osvaldo Jaldo por el manejo de los recursos públicos. Para el espacio, hay urgencias que deberían estar muy por delante de una sede para el organismo electoral.

“En Tucumán, las prioridades están totalmente alteradas: sigue el despilfarro en gasto político, pero no hay obras para evitar inundaciones, ni inversión en escuelas, ni cloacas para los vecinos”, señalaron desde el partido.

Y agregaron, en la misma línea: “Para la política, siempre hay plata; para resolver los problemas de los tucumanos, nunca”. Los libertarios también le reprocharon al mandatario provincial sostener una agenda electoral permanente.

Bussi: “Esto no habilita la contratación directa”

El legislador Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, puso la lupa sobre el procedimiento. Aunque admitió que la Junta Electoral funciona todo el año y eso puede justificar la necesidad de una sede propia, aclaró que ese argumento no alcanza para saltear la licitación.

“Ahora bien, esto no habilita la contratación directa”, advirtió. Además, sembró dudas sobre si el inmueble elegido es realmente la única opción disponible para el organismo.

Bussi también cuestionó el monto de la inversión y sostuvo que debe evaluarse en función de las necesidades económicas y sociales de la provincia. “El gobernador acude una vez más a gambetear la ley, despilfarrando dinero, y dando las espaldas a los tucumanos”, afirmó.

Courel: licitación, obras y voto electrónico

Manuel Courel, de Cambia Tucumán, sumó dos objeciones: el cómo y el cuándo. Para el dirigente, la compra debía pasar por una licitación pública y, además, resulta inoportuna en este momento.

“Primero, se debía hacer un llamado a licitación pública; segundo, ese gasto en este momento me parece completamente inoportuno”, expresó.

Courel ató el reclamo al calendario: con el verano encima, la chance de que se repitan las inundaciones en distintos puntos de Tucumán es concreta. “Ya está llegando el verano donde seguramente vamos a sufrir inundaciones como el verano pasado o tal vez peores. Está claro que las grandes obras que necesita Tucumán no se hicieron”, manifestó.

Su propuesta alternativa apunta a la tecnología electoral: avanzar con el voto electrónico para bajar costos. “Ahí es donde se tendría que haber invertido la plata, en un sistema moderno de voto electrónico para ahorrar el millón de dólares”, afirmó.

Creo: “La provincia no está en condiciones de gastar un centavo”

Sebastián Murga, de Creo, coincidió en que la provincia debe fijar otras prioridades antes de encarar una erogación de esta magnitud. También puso el foco en los altos costos que arrastra el funcionamiento del sistema electoral.

“La provincia no está en condiciones de gastar un centavo. Hay antes otras prioridades en la provincia para las cuales se debe destinar esa plata”, expresó.

La UCR pidió obras hídricas y una Junta independiente

El presidente de la UCR tucumana, José Francisco “Lucho” Argañaraz, fue categórico. Para el radical, el gasto en dólares para una sede choca con la ausencia de obras hídricas de envergadura.

“Gastar esa cifra en dólares cuando no se hacen obras hídricas de envergadura en Tucumán es faltar el respeto a la gente y alterar el orden de las prioridades”, sostuvo.

Argañaraz planteó que la provincia ya cuenta con edificios públicos que podrían acondicionarse para alojar a la Junta, sin necesidad de comprar nada nuevo. Y fue más allá: vinculó la discusión al funcionamiento institucional del organismo y reclamó garantizar su autonomía. “Que sea un órgano verdaderamente independiente, no ganamos nada con que tenga un edificio nuevo si va a seguir siendo lo mismo”, manifestó.

El PRO marcó la diferencia

El presidente del PRO Tucumán, Benjamín Terraf, se apartó del coro opositor y defendió la lógica de que el Estado sea propietario en lugar de alquilar. Según su mirada, comprar inmuebles puede ser un buen negocio si se enmarca en una administración eficiente.

“Desde el PRO Tucumán sostenemos que la provincia debe avanzar hacia una política de administración eficiente de sus recursos, con una visión estratégica que permita fortalecer y capitalizar progresivamente el patrimonio del Estado”, expresó.

Terraf propuso relevar qué organismos provinciales funcionan hoy en inmuebles alquilados y estudiar caso por caso si conviene comprar. “No se trata de aumentar el tamaño del Estado, sino de administrar mejor lo que tenemos, reducir gastos estructurales y transformar recursos públicos en patrimonio que permanezca para las próximas generaciones”, afirmó.

Eso sí, aclaró que cualquier operación de este tipo debe responder a criterios de razonabilidad económica y sostenibilidad presupuestaria.

El debate de fondo

Más allá de la sede de la Junta Electoral, la compra abrió una discusión sobre cómo se usan los recursos públicos en Tucumán y cuáles deberían ser las prioridades de inversión. La oposición logró instalar tres ejes: la prevención de inundaciones, la modernización del sistema de votación y la autonomía del organismo electoral.

Con posturas encontradas sobre la conveniencia de la operación, el bloque opositor puso bajo la lupa tanto el mecanismo de compra como el destino de los fondos provinciales.