Jaldo quiere normalizar cuatro entes intervenidos, pero hay un escollo judicial que traba todo

El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó su intención de poner fin a las intervenciones en los entes autárquicos de Tucumán, aunque reconoció que el camino no será rápido: primero hay que actualizar estatutos y cartas orgánicas que quedaron viejos. La pulseada más compleja es con el IPLA, donde un fallo judicial ordenó al Ejecutivo conformar un directorio en 60 días, pero la Fiscalía de Estado apeló y el tema sigue en la Corte.

Jaldo habló con la prensa después de participar en el acto de la Final Provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, en el Complejo Belgrano. Allí dejó en claro que la normalización abarca al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) —el Subsidio de Salud—, la Caja Popular de Ahorros, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

El detalle que frena las designaciones

El Gobernador explicó que el proceso no se resuelve solo con nombrar autoridades. "Estamos trabajando porque hay estatutos y cartas orgánicas que están muy desactualizadas. Cuando nosotros hablamos de normalizar, quiere decir que hay que poner los responsables que conduzcan cada institución", afirmó.

Según los antecedentes, el Subsidio de Salud y el IPVDU arrastran intervenciones desde 1991; el IPLA, desde 2000; y la Caja Popular, desde 2003. Cada organismo tiene sus particularidades legales y funcionales, por lo que Jaldo insistió en que se debe analizar caso por caso antes de avanzar con los nombramientos.

Subsidio de Salud: casi 400.000 beneficiarios en juego

Al referirse al IPSST, el mandatario subrayó la magnitud de la obra social. "Tenemos el Subsidio de Salud (IPSST), una obra social, la más grande, la más importante del interior del país. Esa obra social hoy tiene, aproximadamente, entre titulares y adherentes, casi 400.000 beneficiarios", destacó.

Para Jaldo, ese volumen obliga a extremar recaudos antes de designar una conducción definitiva. "Para poner una conducción que tenga que ver con la salud del ser humano, como son los servicios del Subsidio de Salud, hay que tratar de no equivocarse y hay que actualizar toda la carta orgánica", sostuvo.

El Gobernador extendió el mismo criterio al IPLA, la Caja Popular y el resto de las reparticiones: la actualización normativa es un paso previo a cualquier definición de autoridades.

El IPLA, en el ojo de la tormenta judicial

La situación del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo es la más delicada. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo terminar con la intervención y conformar un directorio colegiado en un plazo de 60 días corridos. La medida respondió a una demanda presentada por un grupo de propietarios de locales.

La Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, presentó un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise el fallo. Mientras se espera esa definición, la normalización del IPLA queda atada tanto a lo que diga la Justicia como a la voluntad política del Gobierno provincial.

Jaldo reiteró que cualquier designación debe hacerse con las atribuciones y los procedimientos que marcan las normas. Por eso remarcó que el trabajo no pasa solo por nombrar responsables, sino por generar las condiciones institucionales para que puedan ejercer.

Sin fechas a la vista

Consultado sobre los tiempos, el Gobernador no dio un cronograma ni anticipó cuándo podrían concretarse las primeras designaciones. En cambio, insistió en que el Ejecutivo avanza en la revisión de las disposiciones legales.

También respondió a las críticas por la demora. "Hablar de normalizar es fácil. Ahora, hay que ver cómo, con quién y con qué normas legales lo hacemos", lanzó.

El objetivo de fondo es claro: pasar de intervenciones prolongadas a conducciones regulares. Pero el camino recién empieza y depende de la letra chica de cada estatuto, de los tiempos judiciales y de la decisión política de avanzar.