El artículo 29 del proyecto que Jaldo mandó a la Legislatura pone a la Justicia y al Poder Legislativo a mover sus partidas bajo los lineamientos de la ley provincial. Varios legisladores ya lo leyeron como un avance del Ejecutivo sobre la caja de los otros poderes.
El gobernador Osvaldo Jaldo envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2027 y, dentro del articulado, metió una cláusula que ya generó ruido entre los legisladores: el artículo 29 obliga a la Legislatura, al Poder Judicial y a los organismos autárquicos a encuadrar cualquier cambio en sus partidas dentro de los lineamientos de la ley provincial.
El texto llegó al Parlamento el 28 de octubre, con las firmas de Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. Contempla gastos por $ 7,35 billones y un superávit fiscal proyectado de $ 304,5 millones para el próximo ejercicio.
Qué cambia con el artículo 29
La redacción no les quita a esos poderes la facultad de administrar sus recursos. Lo que hace es fijar que toda modificación presupuestaria que dispongan las autoridades de los organismos descentralizados y autárquicos, y también las del Legislativo y el Judicial, deberá respetar la ley de presupuesto y sus normas complementarias.
En la práctica, la disposición busca un marco común para los ajustes que se hagan durante el año sobre las asignaciones originalmente aprobadas. El punto es que la referencia expresa a los "lineamientos" de la ley abrió interrogantes sobre hasta dónde puede llegar ese encuadre.
Algunos legisladores lo leyeron como un intento del Ejecutivo de ganar capacidad de condicionamiento sobre las decisiones financieras de los otros poderes. La preocupación apunta a la autonomía presupuestaria de la Legislatura, la Justicia y los entes con facultades propias para manejar sus fondos.
Por ahora no hubo cuestionamientos formales en la comisión de Hacienda y Presupuesto, simplemente porque el proyecto todavía no empezó a discutirse allí.
Cuándo se destraba la discusión
El tratamiento quedó en manos de la comisión que preside el legislador Carlos Gallia. Allí los representantes de los distintos bloques deberán revisar tanto las previsiones de ingresos y gastos como las disposiciones administrativas del articulado.
La agenda parlamentaria prevé una sesión inmediata y la chance de otra convocatoria para la semana siguiente. Con ese calendario, la discusión específica del Presupuesto 2027 podría arrancar en la última semana de noviembre.
Un antecedente que terminó modificado
No sería la primera vez que el Ejecutivo intenta poner condiciones sobre fondos de otros poderes. En el presupuesto del año anterior, el Gobierno quiso atar las transferencias mensuales a esos organismos a la recaudación efectiva de Rentas Generales, lo que habría condicionado la disponibilidad de recursos a lo que efectivamente ingresara cada período.
La propuesta se cambió durante el análisis en la comisión. Los parlamentarios fijaron que las transferencias al Legislativo, al Judicial, a los ministerios Fiscal, Pupilar y de la Defensa, y a los tribunales de Cuentas y Fiscal debían hacerse conforme a las normas vigentes. Así se eliminó el condicionamiento por recaudación y se mantuvo el régimen de transferencias ya previsto.
Ese cambio quedó incorporado a la Ley 9.942, que sigue vigente, y marcó un precedente de la Legislatura revisando las condiciones financieras que propone el Ejecutivo.
Los fondos que sobran a fin de año
Otro punto que volvió a incluirse en el proyecto para 2027 es el destino de los recursos no utilizados al cierre del ejercicio. Desde el Presupuesto 2025, la legislación provincial considera excedentes financieros a los fondos no ejecutados o devengados que queden depositados en las cuentas de los otros poderes y organismos autárquicos al 31 de diciembre.
Esos montos deben incorporarse como recursos remanentes para usarse al inicio del año siguiente. La disposición ya había generado diferencias cuando se presentó por primera vez, sobre todo por su redacción y por las interpretaciones posibles sobre el destino de los saldos. Pese a las discusiones, el mecanismo siguió en los presupuestos posteriores y reapareció en el texto enviado a fines de octubre.
Qué puede pasar en la comisión
El artículo 29 se suma a otras disposiciones con las que la administración provincial busca ordenar la gestión de los recursos públicos durante el ejercicio. La diferencia es que esta vez el debate podría concentrarse en los límites que tendrán las autoridades de los otros poderes para tocar sus propias partidas.
El alcance real dependerá de cómo se interprete la redacción y de los cambios que introduzca la Legislatura. El texto no prohíbe de manera absoluta modificar presupuestos ni exige autorización previa del Ejecutivo para cada decisión, pero la mención a los lineamientos de la ley dejó dudas sobre las restricciones que podrían derivarse.
Al presentar el proyecto, Jaldo subrayó las dificultades económicas y financieras que enfrentó la Provincia para armar las previsiones del próximo año. Los $ 7,35 billones de gastos y el resultado positivo de $ 304,5 millones son la base del programa financiero para 2027.
La comisión de Hacienda y Presupuesto podrá mantener el artículo tal como llegó, acotar su alcance o eliminarlo, como ya ocurrió con otras disposiciones que generaron diferencias en ejercicios anteriores. Por ahora el oficialismo no abrió formalmente el debate y tampoco hubo pronunciamientos institucionales de los poderes alcanzados.
La discusión arrancará cuando los legisladores revisen el articulado y definan si las condiciones que propone el Ejecutivo son compatibles con la autonomía administrativa y financiera de cada organismo. El Presupuesto 2027 no solo pondrá en juego cómo se reparten los recursos provinciales: también las facultades de cada poder para decidir cómo los usa durante el año.
