Jones Huala habló desde la cárcel: el motivo que lo llevó a aceptar la condena

Facundo Jones Huala rompió el silencio desde la cárcel y explicó por qué aceptó el juicio abreviado que lo condenó a cinco años y dos meses de prisión. El ex líder mapuche aseguró que temía una pena mucho mayor si la causa llegaba a debate oral y sostuvo que no había pruebas sólidas en su contra.

"Era muy posible que llegando a un juicio oral y público terminara con condena sin prueba y sin testigos, sin nada, sin cosas reales", declaró al portal Sumario.com.ar. Y ratificó: "Estaba convencido de que me iban a condenar sin pruebas".

El origen de la causa

Jones Huala reconstruyó el recorrido del expediente que se abrió tras la presentación de su libro "Entre rejas, antipoesía incendiaria", en febrero de 2025. Según relató, todo comenzó con un discurso político que dio en la Biblioteca Popular Aimé Painé, en Bariloche.

"Yo había presentado un libro de poesía y di un discurso político con respecto a mi militancia, a mi hermano y a mi vida", recordó. Esa intervención, según su versión, derivó meses después en su detención.

La detención cuestionada

El dirigente mapuche contó que fue detenido por la Policía Federal en El Bolsón y afirmó que en ese momento no existía una orden judicial. "Yo fui detenido antes de que haya una orden judicial", sostuvo.

Incluso aseguró que integrantes del operativo le manifestaron sus reparos. "El jefe del operativo me pidió disculpas y dijo: 'Después de este operativo voy a renunciar porque esto es completamente injusto'", relató.

Su abogado, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas, también cuestionó el procedimiento. Explicó que la Policía Federal venía siguiendo y fotografiando a Jones Huala, pero que no había orden judicial ni flagrancia que justificara la detención. Franquet calificó el operativo como "absolutamente irregular".

Tras permanecer en dependencias de la Policía Federal en Bariloche, Jones Huala fue trasladado a Rawson, a unos 800 kilómetros de su entorno familiar. Según contó, al principio estuvo en un sector de aislamiento y tuvo dificultades para comunicarse con su familia y sus abogados.

"Tuvieron que inventar muchas cosas"

Jones Huala reconoció abiertamente su pertenencia a la RAM, pero sostuvo que eso no demuestra su responsabilidad penal en hechos concretos. "No existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos. Entonces tuvieron que inventar muchas cosas", afirmó.

En la entrevista negó que existieran comunicaciones en las que apareciera impartiendo órdenes para cometer ataques. Consultado sobre si la causa contenía escuchas en las que ordenara, por ejemplo, incendiar una vivienda, respondió: "Jamás. No existe eso, eso no pasa".

Aseguró además que durante el último período su papel había sido principalmente el de vocero público de la organización, y que algunos episodios que se intentaron vincular con la RAM ocurrieron mientras él estaba preso por otras causas.

"El solo hecho de ser parte de la organización, de reivindicarla, de haber hablado de la organización, es el delito", sintetizó sobre su lectura de la condena.

La condena y el acuerdo

Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión mediante un juicio abreviado homologado el 16 de septiembre por el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla. El acuerdo evitó que la causa llegara a juicio oral y, como parte del convenio, admitió haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche.

La sentencia se encuadró en el artículo 213 bis del Código Penal, referido a agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza. Sin embargo, la condena no incluyó varias de las imputaciones más graves de la investigación inicial, que contemplaba figuras como intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita y apología del delito.

Jones Huala estaba detenido desde el 6 de junio de 2025 y, según el cálculo realizado en el proceso, agotaría la pena en agosto de 2030.

La negociación con la Fiscalía

La negociación final tuvo participación directa del fiscal Fernando Arrigo. Jones Huala recordó que mantuvo una conversación con él y la describió como cordial, aunque cuestionó la desigualdad entre quien estaba detenido y quien encabezaba la acusación.

"Termina siendo como una negociación: esto sí, esto no; si no, vamos a juicio", relató. Y agregó: "Terminan tomando la vida de las personas como un juego".

Según reconstruyeron el acusado y su defensa, en un principio se discutió una pena de cinco años y seis meses bajo la figura de asociación ilícita vinculada a una organización destinada a poner en peligro la vigencia de la Constitución. Jones Huala rechazó esa calificación y finalmente se acordaron cinco años y dos meses bajo otra figura penal.

"Yo te acepto la cantidad de años, pero con otro artículo", recordó sobre aquella discusión. Y fue más explícito: "En el acuerdo con la Fiscalía hubo que aceptar incluso cosas que no eran ciertas".

Como ejemplo, cuestionó afirmaciones sobre supuestos materiales de formación de la RAM y reiteró que reconocer su pertenencia a la organización no implicaba los hechos a los que se lo vinculó. "Me hago cargo de mi identidad política, de mi militancia, de mis ideas", sostuvo.

La defensa y la mirada de la madre

Franquet llevó esa descripción al terreno jurídico y planteó que la alternativa entre aceptar una pena acordada o arriesgar una condena de 10 o 15 años convierte al juicio abreviado, en casos como este, en "una herramienta de extorsión".

"Yo no le voy a decir a nadie que arriesgue 10 o 15 años de su libertad confiando en que vamos a poder demostrar la inocencia", explicó. Consultado sobre si seguía convencido de que Jones Huala podía haber sido condenado sin pruebas suficientes, respondió: "Absolutamente. Y Facundo también".

María Isabel Huala, madre del detenido, ubicó la causa dentro de una historia de conflictos que, según su interpretación, comenzó muchos años antes. Relató procedimientos en la Argentina y Chile, cuestionó los operativos sobre su familia y sostuvo que la investigación abierta tras la presentación del libro constituye una nueva etapa de una persecución política vinculada con la militancia mapuche de su hijo.

La responsabilidad de Arrigo ocupa un lugar central en el planteo de la defensa porque, según Franquet, el fiscal encabezó la investigación, intervino personalmente en las conversaciones finales y participó de la firma del acuerdo. Aunque la fiscal Pagano Mata llevó adelante buena parte de las audiencias y otros fiscales integraron el equipo, el abogado señaló a Arrigo como quien tuvo la dirección general del proceso acusatorio.

Jones Huala cerró su testimonio reivindicando su identidad política, pero insistiendo en diferenciar sus ideas y su pertenencia a la RAM de la prueba necesaria para atribuir responsabilidades penales concretas. "Yo tengo una condena por expresar mi ideología, por expresar mi militancia, por decir 'yo soy esto'", afirmó.