Jubilación forzosa en el TSJ: el decreto de Vidal que desató la polémica

El gobernador Claudio Vidal ordenó por decreto la jubilación compulsiva de tres juezas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, una medida que generó un fuerte rechazo en la oposición y en el ámbito judicial.

La decisión, tomada a través del Decreto 608/24, afecta a Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau, las únicas mujeres que integran el máximo tribunal provincial.

La norma obligó a la Caja de Previsión Social a otorgarles el beneficio jubilatorio de manera forzada, en un plazo de 30 días, cuando la ley previsional establece que una vez cumplidos los requisitos hay dos años para acogerse al retiro.

¿Qué dice la oposición?

Desde la oposición, gremios y sectores jurídicos calificaron la medida como un "atropello a la división de poderes" y advirtieron que podría utilizarse para "poblar la Corte provincial con jueces propios" y garantizar impunidad política.

"Las acciones de la provincia lo que hacen es meterse en el Poder Judicial", señalaron, y remarcaron que el gobierno de Santa Cruz "avasalla la división de poderes" desde hace años.

Además, consideraron que el decreto desnaturaliza los principios fundamentales de la normativa vigente, ya que la Constitución establece que los vocales permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y que solo pueden ser removidos mediante juicio político.

El sesgo de género en las jubilaciones

La Asociación de Magistrados de Santa Cruz denunció que el proceso es "selectivo e inconsulto" y que evidencia un sesgo: de las diez jubilaciones intempestivas, nueve corresponden a mujeres, mientras que vocales masculinos en igual situación previsional no fueron incluidos.

Las magistradas afectadas tienen una extensa trayectoria en el Poder Judicial, y su defensa insiste en que solo pueden ser removidas por juicio político y no por vía administrativa.

Inicialmente, el TSJ había dictado una medida cautelar que frenaba el decreto en 2024. Sin embargo, el gobierno provincial amplió el tribunal de cinco a nueve miembros y sancionó la Ley 3947, que limitó las cautelares contra el Estado. Con la nueva mayoría, el propio tribunal disolvió la protección legal y permitió que la Caja previsional ejecutara los retiros.

El descargo de la Asociación de la Magistratura

El organismo cuestionó a la Caja de Previsión Social por otorgar la jubilación a diez integrantes del Poder Judicial, nueve de ellas mujeres, y advirtió que la medida compromete la independencia judicial, la legislación vigente, la igualdad y la paridad de género.

"Cumplir los requisitos jubilatorios no implica el cese automático en el cargo", sostienen, y remarcan que un organismo administrativo no tiene facultades para apartar a los magistrados.

De concretarse esta decisión, el debate trasciende lo jubilatorio y afecta directamente la división de poderes y la composición final del TSJ.

La respuesta del gobernador

Claudio Vidal defendió la medida en medios locales: "Por primera vez en muchos años vemos que el Tribunal Superior de Justicia empieza a auditar en los distintos juzgados de toda la provincia, y eso es lo que tenía que pasar hace mucho tiempo. Pero como antes todos eran amigos, primos, socios, no existía la Justicia".

Sobre los nuevos nombres para ocupar la vocalía vacante, aseguró que "eso se va a terminar de definir después, en una mesa de trabajo", y enfatizó que "lo importante es que, de a poquito y con mucho esfuerzo, está costando, pero la Justicia empieza a escuchar al pueblo de Santa Cruz".