Jubilaciones en el TSJ: el decreto que las habilita y la batalla judicial que se viene

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) aprobó el viernes 14 de agosto un paquete de 27 jubilaciones que incluye a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La medida, basada en el Decreto 608/24, encendió una polémica que promete llegar a los tribunales.

René Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos son las magistradas alcanzadas por la decisión. Ninguna presentó su renuncia y el vocal Cristian Sánchez ya anticipó acciones legales.

¿Por qué se convocó a una reunión extraordinaria?

Según relató Sánchez, los directores de la CPS fueron citados por WhatsApp el viernes al mediodía, sin detalles previos. Recién en la reunión se enteraron de los expedientes a tratar, algo inusual para el organismo, que suele sesionar los miércoles con listados previamente acordados.

Una vez aprobadas las 27 jubilaciones, la noticia se confirmó por medios provinciales. Ludueña calificó el procedimiento como una “jubilación compulsiva” y aseguró que las tres vocales no habían dado ningún paso en ese sentido.

¿Están jubiladas o siguen en funciones?

La respuesta corta es: el beneficio ya fue otorgado, pero el cese efectivo aún no se concretó. El Decreto 608 separa dos momentos: la concesión del beneficio y el cese de la actividad laboral.

La norma establece que, una vez notificada la jubilación al beneficiario y al organismo empleador, este último tiene 30 días para comunicar el cese. Solo por razones excepcionales de servicio se puede extender ese plazo hasta 180 días, mediante un acto administrativo fundado.

Si el organismo no informa el cese en tiempo y forma, el decreto prevé que opere de pleno derecho, con la consecuente baja del haber activo.

La disputa por la constitucionalidad del Decreto 608

El punto más controvertido es la validez constitucional de la norma firmada por el gobernador Claudio Vidal el 14 de junio de 2024. Sánchez sostiene que el planteo de inconstitucionalidad sigue abierto, ya que una resolución del TSJ habría levantado una medida cautelar, pero no habría resuelto el fondo del asunto.

“Una cosa es una cautelar y otra muy distinta una sentencia definitiva”, advirtió el vocal. En tanto, la CPS avanzó con las 27 jubilaciones, amparándose en el decreto que sigue vigente.

El impacto en otros trabajadores

Sánchez alertó que la aplicación del Decreto 608 puede acelerar el retiro de numerosos trabajadores de la administración pública provincial que aún realizan aportes. También cuestionó que muchos podrían aceptar el beneficio sin conocer todas las consecuencias sobre su porcentaje jubilatorio o la posibilidad de seguir trabajando.

El artículo 6 de la norma obliga a los organismos empleadores a intimar a los afiliados que reúnan condiciones para jubilarse, en un plazo de 30 días. Esto podría generar un efecto dominó en toda la provincia.

¿Qué viene ahora?

Las tres vocales del TSJ estudian presentar acciones judiciales para defender su estabilidad. Ludueña no descartó recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario.

Mientras tanto, Sánchez buscará reunirse con las personas afectadas y definir una estrategia legal conjunta. El Diario Nuevo Día intentó contactar al titular de la CPS, Dr. Pablo Pérez, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.