Jubilaciones en Santa Cruz: denuncian que un decreto obliga a dejar de trabajar en 30 días

La vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, encendió las alarmas al revelar que 27 trabajadores fueron jubilados sin haber presentado su renuncia, en el marco de una sesión extraordinaria del directorio. La funcionaria cuestionó duramente el Decreto 608, que según su interpretación, choca con la Ley 1782 y vulnera derechos de los empleados estatales.

En diálogo con Radio Nuevo Día, Carabajal explicó que fue convocada a una reunión que creía informativa, pero al llegar se encontró con un temario que incluía a 27 personas alcanzadas por el decreto. Junto al vocal por los activos, Cristián Sánchez, decidió retirarse y no acompañar esas jubilaciones.

¿Qué pasó en la sesión del viernes?

La convocatoria extraordinaria ya había generado sospechas. "Fui llamada a una sesión extraordinaria, cosa que nos llama la atención", señaló. Al llegar, descubrieron que se trataba de un directorio armado con 27 expedientes de personas que no habían renunciado a su actividad.

Según Carabajal, Sánchez había llevado el decreto a la Justicia, y aunque la cautelar cayó, la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad sigue sin resolverse. "Cayó la cautelar pero la Justicia no se expidió sobre el tema que planteó mi compañero", afirmó.

El choque entre el Decreto 608 y la Ley 1782

El conflicto se centra en el artículo 136 de la Ley 1782, que permite a un trabajador en condiciones de jubilarse continuar laborando si su empleador lo acepta, incluso por años. En cambio, el Decreto 608 impone plazos máximos de 30 a 180 días para el pase a la pasividad.

"Hoy un decreto te está obligando a jubilarte dentro de los 30 días o como mucho 180 días si tu empleador te necesita", explicó Carabajal. Para ella, esto no es un simple trámite: "Este decreto nos está quitando el derecho de decidir nuestra calidad de vida".

"En 30 días pasás a ser jubilado"

Con una frase contundente, la vocal graficó el riesgo: "No me gusta tu cara, en 30 días pasás a ser jubilado". Y aclaró que su preocupación no se centra en las tres magistradas del Tribunal Superior, sino en el trabajador común que "ni siquiera está enterado que en 30 días está jubilado".

Las 27 personas alcanzadas

Carabajal evitó revelar la identidad de los otros involucrados por reserva de datos, pero mencionó el caso de una secretaria del Sindicato Vial que se enteró en una reunión de que estaba en la lista. "Se quería morir", contó, ya que no tenía intención de jubilarse en ese momento.

"No podemos poner hoy los tres casos que llevan a este revuelo. A mí me preocupa que después de esto viene cualquier hijo de vecino", advirtió.

Las vocales del TSJ y su blindaje constitucional

René Guadalupe Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos son las magistradas más visibles del conflicto. Según Carabajal, en el acuerdo del viernes se les comunicó que están alcanzadas por el decreto y que en 30 días quedarían jubiladas.

Sin embargo, la vocal sostiene que ellas están protegidas por el artículo 128 de la Constitución provincial, que solo permite removerlas mediante un jury o por jubilación voluntaria. "Ellas están avaladas por el artículo 128, donde dice que solo las puede sacar un jury o jubilarse voluntariamente, cosa que no está pasando", afirmó.

La diferencia con el procedimiento habitual

Carabajal explicó que el circuito normal de jubilación requiere que el trabajador presente su renuncia y se firme un acuerdo de partes. En estos 27 casos, eso no ocurrió. "Fue lo anormal: 27 expedientes de gente que no renunció nunca a su actividad", señaló, y muchos ni siquiera estaban notificados.

El caso de su esposo como ejemplo

Para ilustrar su postura, la vocal contó que su esposo, tras iniciar el trámite jubilatorio, siguió trabajando nueve años más porque la ley lo permitía. "¿Sabés cuánto demoró en jubilarse? Nueve años", dijo. Y sentenció: "Si yo tengo una ley en vigencia, no me podés gobernar por decreto".

El rol de la Legislatura y el antecedente municipal

Carabajal recordó que la última modificación de la Ley 1782 fue en septiembre de 2023, cuando se derogó el artículo 52, inciso C, sobre el aporte solidario. "Ese es el ámbito natural y quienes tienen toda la facultad de modificar la legislatura", señaló.

Además, comparó la situación con lo ocurrido durante la gestión de Roberto Giubetich en la Municipalidad, cuando se intentaron jubilaciones compulsivas. "También estaba mal, y también volvió para atrás y quedó sin efecto", recordó.

La incertidumbre de los trabajadores

La vocal relató el caso de un trabajador de la Cámara que está en el listado y le preguntaba: "¿Qué soy yo? ¿Soy activo? ¿Soy pasivo? ¿Cuándo cobro? ¿Dónde me notifican?". Para ella, esa incertidumbre demuestra el maltrato que sufren los trabajadores santacruceños.

"No merecemos como trabajadores santacruceños este maltrato de parte de alguien que hoy no gobierna", expresó.

Finalmente, Carabajal advirtió que este conflicto es solo la punta del iceberg: "Esta es la punta de un iceberg que se viene muy grande sobre nuestros derechos previsionales".