Jubilaciones exprés en Santa Cruz: tres juezas del TSJ fuera del sistema en medio de una polémica decisión

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) aprobó este viernes las primeras 27 jubilaciones bajo el Decreto Provincial 608/24, en una reunión extraordinaria que sacudió el ámbito político e institucional. Entre los beneficiados figuran tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una movida que ya generó fuertes críticas y podría terminar en la Justicia.

El vocal por los trabajadores activos de la CPS, Cristian Sánchez, no tardó en salir a cuestionar la medida. En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, advirtió que la salida de estos aportantes pone en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional. “Si nosotros queríamos mantener el sistema previsional un poquito más grande, lo que tenemos que cuidar es el importante activo y en este caso no se lo está cuidando, se lo está sacando del sistema”, disparó.

Pero sus críticas fueron más allá. Sánchez sugirió que detrás de las jubilaciones hay una intencionalidad política: “una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de sacar jueces que no son de tu partido político”.

¿Qué pasó en la reunión extraordinaria?

El Directorio de la CPS se reunió al mediodía del viernes con un único tema en agenda: el tratamiento de 27 expedientes jubilatorios. La decisión cobra especial relevancia porque la salida de las tres magistradas se da meses después de que el TSJ pasara de cinco a nueve miembros. Si las jubilaciones se concretan, el máximo tribunal quedaría con seis integrantes, lo que obligaría al Poder Ejecutivo a enviar nuevos pliegos para completar su composición.

Desde la CPS explicaron que las tres vocales habían iniciado el trámite jubilatorio y que los beneficiarios fueron notificados según el procedimiento administrativo. Sin embargo, Sánchez cuestionó que la reunión fuera extraordinaria, algo que no es habitual para este tipo de trámites. “Nos sorprendió que justamente era una reunión para dar altas de beneficios jubilatorios, que generalmente se hacen en reuniones comunes, no en reuniones extraordinarias”, señaló.

Según su relato, junto a la representante del sector pasivo, Viviana Carabajal, decidieron retirarse del encuentro en desacuerdo. El presidente de la CPS, Pablo Pérez, y los vocales Harold Bark y Paola Carrillo avanzaron con los expedientes.

El Decreto 608 y el choque con la ley

El Decreto 608 fue firmado por el gobernador Claudio Vidal el 18 de junio de 2024 con el objetivo de agilizar los procesos jubilatorios de los estatales que reúnan las condiciones para acceder al beneficio. La norma establece que, una vez concedida la jubilación, el organismo empleador debe notificar el cese de actividades dentro de los 30 días, con posibilidad de prórroga de hasta 180 días por “excepcionales razones de servicio”.

Pero Sánchez ya había judicializado esta norma, con el patrocinio del abogado Matías Solano, porque considera que avanza sobre derechos establecidos en la Ley N° 1782. El artículo 136 de esa ley indica que el empleador debe mantener la relación laboral hasta que la Caja otorgue el beneficio o por un máximo de dos años. “No puede ir un decreto en contra de la ley madre”, remarcó Sánchez.

En su interpretación, el decreto modifica esa dinámica: “Con este decreto lo que hacen es directamente notificarte, jubilarte de manera forzosa”. Y agregó un dato que encendió todas las alarmas: “Estas personas que están siendo jubiladas ni siquiera saben que están siendo jubiladas en estos momentos”.

Las tres vocales del TSJ y el futuro del sistema

Entre las 27 jubilaciones, ocho corresponden a integrantes del Poder Judicial. Las tres vocales del TSJ son Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña. Sánchez insistió en que ellas iniciaron el trámite, pero que la ley les otorgaba dos años para presentar su renuncia. “En este caso no, solamente están siendo jubiladas y esas ni siquiera saben que están siendo jubiladas”, afirmó.

Desde la Caja, en cambio, aseguraron que las magistradas completaron el formulario correspondiente como declaración jurada y que no se trata de jubilaciones de oficio. “No se jubila a nadie de oficio; le pidieron algo al Estado y el Estado se lo está dando”, señalaron.

Más allá de la disputa legal, Sánchez puso el foco en el impacto financiero. “Nosotros tenemos que recordar que el aportante activo es el que sostiene el sistema. Y así lo único que estamos haciendo es sacarnos los activos de encima y quedarnos con más jubilados que activos. Es peligroso lo que está pasando”, advirtió.

La cautelar que frenaba el decreto ya no existe

Otro punto clave es que el Decreto 608 había sido frenado por una medida cautelar dictada por una anterior composición del TSJ. Sánchez recordó que hace un año y medio lograron detener la norma. Pero con el nuevo tribunal, la cautelar cayó. “Hoy nuevamente se sale a flote justamente porque el nuevo Tribunal Superior de Justicia lo hace caer. Entonces, la Caja empieza a aplicar automáticamente esto”, explicó.

La caída de la cautelar permitió que la CPS retomara la aplicación del decreto y avanzara con los primeros expedientes. Sánchez admitió que la noticia los tomó por sorpresa: “Nosotros teníamos una notificación, no sabíamos en qué momento iba a caer, pero cayó hoy de sorpresa y hoy lo estamos dando a conocer a escasos momentos de que haya pasado”.