Jubilaciones forzadas en Santa Cruz: la Justicia frena el caso de las juezas y crece el reclamo de los estatales

La Justicia frenó la jubilación forzada de las juezas, pero el Decreto 608 sigue vigente y ya amenaza a más de 500 estatales. El reclamo que crece y lo que todavía no se resolvió de fondo.

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Jubilaciones forzadas en Santa Cruz: la Justicia frena el caso de las juezas y crece el reclamo de los estatales
Jubilaciones forzadas en Santa Cruz: la Justicia frena el caso de las juezas y crece el reclamo de los estatales

La Justicia santacruceña frenó la jubilación compulsiva de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia, pero el conflicto está lejos de terminar: ahora son los trabajadores estatales los que se suman al reclamo contra el Decreto 608, que ya tiene más de 500 personas en la mira.

Según pudo saber La Opinión Austral, la medida cautelar benefició a Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, quienes habían sido incluidas en una nómina de ceses impulsada por la Caja de Previsión Social. Pero el vocal por los activos, Cristian Sánchez, advirtió que la pelea de fondo recién empieza.

Qué dice el Decreto 608

La norma, emitida en 2024, le permitía a la Caja de Previsión jubilar de oficio a empleados estatales sin que mediara un pedido del trabajador ni la aceptación de su empleador. "Cuando tomamos vista del decreto enseguida vimos que algo no andaba bien", sostuvo Sánchez en diálogo con LU12 AM680.

Según explicó, una jubilación debería ser "un trato entre la persona que está trabajando y su empleador", pero esta normativa "interrumpía esa relación y facultaba a un tercer órgano, que era la Caja, a jubilarse".

La aplicación de la medida estuvo frenada por una cautelar que presentaron Sánchez y el abogado Matías Solano, pero en 2026 entró en vigencia una nueva ley que limita las cautelares a seis meses. "Al pasar esa ley, la cautelar se cae y la Caja, en forma rápida y poco certera, llama a una reunión extraordinaria para jubilar a estas 27 personas", detalló.

El impacto en los trabajadores

Entre los alcanzados hay tres vocales del Tribunal Superior y 24 estatales, entre ellos tres trabajadores viales. Sánchez contó que uno de ellos se enteró de su jubilación forzada mientras viajaba desde Comandante Luis Piedrabuena a Río Gallegos para buscar insumos: "Lo llama su hijo y le dice que está en un listado de jubilados", relató.

El vocal también mencionó el caso de una integrante con mandato vigente en la comisión directiva del Sindicato Vial. "Pudimos escuchar de boca viva lo que sintieron al enterarse por un medio que habían sido jubilados", afirmó.

Ante la situación, decidieron llamar al presidente de la Caja para que escuchara directamente el testimonio de uno de los damnificados. "El trabajador le dijo: 'Siento que después de haberle entregado tanto tiempo al Estado me están jubilando'", recordó Sánchez.

Críticas a la selección

El vocal cuestionó los criterios con los que se armó la nómina: "Preguntamos en el directorio cómo fue la selección de esas 24 personas y nunca nos supieron decir". En ese sentido, remarcó que el vicegobernador está notificado desde marzo y su expediente nunca estuvo sobre la mesa, al igual que el de una vocal de la propia Caja que también está alcanzada por la renuncia.

"Si querés tener una balanza equitativa, primero tenés que limpiar tu casa y después ir para adelante", disparó.

Riesgo para el sistema

Más allá de los casos puntuales, Sánchez alertó que el Decreto 608 podría aplicarse a más de 500 personas en toda la provincia, lo que pondría en jaque la sustentabilidad del sistema previsional. "El activo es el que sostiene el sistema y estamos hablando de jubilar casi 500 personas de golpe cuando generalmente por mes jubilamos entre 90 y 120", explicó.

Por eso, el reclamo apunta a que el Tribunal Superior de Justicia declare la nulidad completa de la norma. "Esperamos que se expida para avanzar sobre esos compañeros y que tengan la tranquilidad de que nadie los va a jubilar contra su voluntad", concluyó.

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