Jubilaciones truchas: la contadora Strada dio un paso atrás y el caso se acerca al juicio oral

La contadora Alicia Strada, investigada por presuntas jubilaciones irregulares, renunció a impugnar su procesamiento y ahora el expediente quedó a un paso del debate oral. Sin embargo, una carta guardada bajo la manga podría cambiar el rumbo de la causa.

La defensa de Strada, a cargo de los abogados Marco Molero y Gastón Chapo, desistió del recurso de apelación que había presentado ante la Cámara Federal de Resistencia contra la decisión del juez federal N° 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, quien la procesó por defraudación a la administración pública y uso de documento falso.

Con esta movida, el procesamiento quedó firme y el caso avanzaría hacia la etapa de juicio oral, salvo que prospere una propuesta de reparación integral que la imputada acercó a la ANSES, el organismo querellante.

¿Qué implica la reparación integral?

Los letrados de Strada propusieron una reparación del daño que, de ser aceptada, podría derivar en un sobreseimiento por extinción de la acción penal. No obstante, tanto la ANSES como el magistrado ya la rechazaron en primera instancia, aunque la decisión todavía no está firme.

Si el rechazo se confirma, el expediente quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral, según precisaron fuentes judiciales.

El origen de la causa

La investigación se inició por una denuncia de la ANSES, que detectó un patrón irregular en varios trámites jubilatorios. Según la acusación, Strada, quien tiene su domicilio profesional frente a la Casa de Gobierno del Chaco, habría presentado declaraciones juradas determinativas de aportes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en nombre de supuestos empleadores que resultaron ser apócrifos.

La maniobra consistía en regularizar de manera extemporánea períodos de servicios en relación de dependencia que nunca existieron, ya sea porque el vínculo laboral jamás se configuró o porque los empleadores no tenían actividad comercial activa al momento de la declaración.

Así, personas que no alcanzaban los 30 años de aportes exigidos por la Ley N° 24.241 completaban el requisito artificialmente y obtenían una prestación previsional que no les correspondía.

El perjuicio económico estimado para la ANSES supera los 15 millones de pesos, mientras que el juez Mianovich dispuso un embargo sobre los bienes de Strada por 25 millones de pesos, una cifra que duplica el monto reclamado por el organismo.