Juez intimó a diputada nacional por publicaciones en redes sociales: tiene 48 horas para cumplir

Un juez civil y comercial de la Capital ordenó a la diputada nacional Soledad Molinuevo eliminar publicaciones consideradas agraviantes contra el gobernador Osvaldo Jaldo, bajo amenaza de sanciones por desobediencia judicial. La medida representa el tercer revés judicial para la referente de La Libertad Avanza en este expediente, que ya había sido notificada en marzo pero mantuvo los contenidos activos.

El magistrado Pedro Cagna, de la Sala V del fuero Civil y Comercial de la Capital, estableció un plazo de 48 horas para que la legisladora cumpla con lo resuelto el 15 de marzo de 2026. En caso de no acatar la orden, podrían aplicarse sanciones por desobediencia de una orden judicial y multas por cada día de demora, según las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Civil y Comercial de la Nación.

¿Qué contenían las publicaciones cuestionadas?

Las publicaciones que deben ser eliminadas vinculaban al gobernador con “prácticas mafiosas” y lo hacían responsable de “todo lo que pudiera pasarles” tanto a Molinuevo como a su familia y a los miembros de su espacio político. Estos posteos se dieron en el contexto de las repercusiones por la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli, quien fue atacado en La Madrid por Marcelo “Pichón” Segura, empleado de la comuna de Los Ralos.

La presentación judicial fue impulsada por Jaldo a través de su abogada, Paula Morales Soria, apenas dos días después de los hechos. El juez respondió con una medida autosatisfactiva que ordenaba la eliminación inmediata de los contenidos considerados ofensivos.

¿Cómo respondió la diputada?

Soledad Molinuevo cuestiona que la cause tramite en el fuero ordinario, ya que planteó la competencia de la Justicia Federal. Además, sostiene que la resolución implica censura y una vulneración de sus prerrogativas constitucionales como integrante del Congreso de la Nación.

La diputada, patrocinada legalmente por José Ricardo Tomás Paz, presentó una revocatoria que fue rechazada por el juez Cagna. Aunque se concedió el recurso de apelación, se mantuvo la vigencia de la resolución dictada en marzo, lo que significa que la orden de eliminar las publicaciones sigue en pie mientras se resuelve la apelación.

Como los contenidos continuaron activos en las redes sociales de Molinuevo, la abogada Morales Soria denunció un incumplimiento judicial y solicitó nuevas medidas para hacer efectiva la sentencia. Esta solicitud llevó al juez a emitir la intimación con plazo perentorio de 48 horas.

En su resolución más reciente, Cagna fue explícito: “Atento a lo solicitado, intímese a la parte demandada a dar cumplimiento en el término de 48 horas con lo resuelto en pronunciamiento de fecha 15 de marzo de 2026, haciéndole saber que en caso de no cumplir con lo allí dispuesto se aplicará el apercibimiento que por derecho corresponda por desobediencia de una orden judicial y/o sanciones conminatorias por cada día de demora”.

El caso pone en evidencia la tensión entre el ejercicio de la libertad de expresión de un legislador nacional y los límites que puede imponer la Justicia ordinaria cuando considera que se han vulnerado derechos de terceros. La diputada insiste en que corresponde a la Justicia Federal intervenir en el caso, mientras el juez civil mantiene su competencia y exige el cumplimiento de sus resoluciones.