Jujuy bajó la edad de imputabilidad, pero hay un problema que nadie puede esquivar

La puesta en marcha de la Ley de Régimen Penal Juvenil en Jujuy dejó al descubierto una brecha que las autoridades judiciales admiten sin vueltas: la provincia no recibió fondos de Nación para infraestructura y solo uno de los tres centros de alojamiento para menores reúne las condiciones para funcionar. A casi un mes de la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, la imputabilidad desde los 14 años ya es una realidad y el sistema debe responder con los recursos que tiene.

Así lo confirmó la vocal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Emma María Mercedes Arias, quien calificó la situación como una preocupación central para los operadores del sistema. "Todo este nuevo régimen se presenta en un contexto de cero presupuesto de Nación. No hubo un incremento de partidas para su puesta en vigencia, se hace con lo que había", remarcó la magistrada durante su participación en el programa Sobremesa.

El cuello de botella que tensiona al sistema

La baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años amplió automáticamente la población juvenil pasible de ser sometida a un proceso penal. Arias aclaró que en la provincia no se registró un alza abrupta ni masiva de causas graves, y recordó que en todo 2025 los juzgados de menores tramitaron apenas 30 audiencias. Sin embargo, el marco formal impone exigencias procesales e interdisciplinarias que hoy tensionan la capacidad operativa.

"Para quienes debemos aplicar la normativa, estamos haciendo el cuello de botella en esta cadena", reconoció la jueza de la Corte. La ley exige conformar equipos técnicos de supervisión y seguimiento para las penas no privativas de la libertad, como amonestaciones, tareas comunitarias o libertad asistida. Son figuras clave que requieren profesionales capacitados y demandan recursos que el Estado nacional no transfirió a las provincias.

Un solo centro apto para alojar adolescentes

El aspecto más crítico del diagnóstico expuesto por Arias radica en los dispositivos de encierro. La privación de la libertad debe constituir la última ratio dentro del catálogo de sanciones, pero cuando la gravedad del delito lo exige, las condiciones de detención deben ajustarse de forma estricta a los tratados internacionales de derechos humanos.

En Jujuy existen actualmente tres dispositivos de alojamiento para menores, pero la magistrada reveló que solo uno de ellos se encuentra plenamente apto para cumplir con los estándares requeridos. En los otros dos predios es necesario realizar obras edilicias e intervenciones urgentes para las que la provincia busca financiamiento propio junto a las carteras de Desarrollo Humano y Salud.

"No es cuestión de cambiar el cartel al edificio y decir 'ahora acá alojamos adolescentes'. No se puede ubicar a un menor dentro del mismo predio donde hay adultos, ni siquiera en sectores separados dentro del mismo predio, porque saldríamos de los parámetros internacionales a los que estamos obligados como Nación", enfatizó Arias.

Frente al incumplimiento de la Nación en el envío de giros específicos para infraestructura y personal, la vocal del Máximo Tribunal señaló que la provincia debe apelar a la articulación entre poderes y a la optimización de los pocos recursos existentes. "Sin presupuesto tenemos creatividad, capacidad y horas de trabajo al servicio de la justicia", sostuvo.