Jujuy es la única provincia sin ley de coparticipación y los intendentes apuran el debate: la advertencia de Julio Bravo
Los intendentes de Jujuy tienen un reclamo que lleva años sin resolverse y ahora buscan destrabarlo en la Legislatura. Julio Bravo fue el primero en sentarse con los diputados para exigir una ley que cambia la forma en que llega la plata a cada municipio.
El intendente de San Pedro, Julio Bravo, expuso este martes ante las comisiones de Finanzas y de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Jujuy y pidió acelerar el tratamiento del proyecto de Ley de Coparticipación Municipal, una demanda que los jefes comunales de toda la provincia vienen reclamando desde hace años.
La reunión marcó el arranque formal de las deliberaciones en el ámbito parlamentario. Para el jefe comunal sampedreño, ese paso es clave para destrabar una iniciativa que ya había sido evaluada en encuentros previos entre intendentes y comisionados, con el objetivo de instalarla en la agenda del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
"Queremos darle la mayor agilidad posible"
Tras su exposición ante los diputados provinciales, Bravo dejó en claro la urgencia que le ponen los municipios al debate. "Queremos darle la mayor agilidad posible para que los resultados concretos puedan darse durante este año", afirmó.
El intendente también apuntó a los responsables de destrabar la norma. "Hace falta la voluntad política de hacerlo por parte del gobierno provincial y de las autoridades de la legislatura. Nosotros los intendentes y comisionados tenemos ese objetivo sin lugar a dudas", remarcó.
El dato que marca la demora
En sus declaraciones, Bravo recordó que Jujuy sigue siendo la única provincia de la Argentina que no cuenta con una legislación marco para regular la coparticipación hacia las administraciones locales. El mandatario subrayó que existe viabilidad técnica para alcanzar una norma general, aunque aclaró que la concreción depende de las definiciones del oficialismo y de la conducción parlamentaria.
Ese vacío legal es el que los jefes comunales buscan cerrar con un marco regulatorio definitivo para la distribución de fondos públicos.
Certeza presupuestaria y aplicación por etapas
Al evaluar los tiempos legislativos, Bravo insistió en la necesidad de fijar un piso legal y un cronograma claro para la entrada en vigencia de la ley. Según planteó, las eventuales correcciones o adecuaciones al esquema de reparto pueden resolverse en etapas posteriores, sin postergar la sanción de la norma.
El reclamo institucional, sostuvo el intendente, tiene un objetivo concreto: que las intendencias y comisiones municipales cuenten con "certeza y responsabilidad en el uso de los fondos públicos".
