La expulsión de Janina Ortiz abrió un lugar en la Cámara de Diputados de Mendoza que el PRO no piensa dejar pasar: quién ocupa la banca y qué antecedentes tuvo que presentar para quedarse con ella.
María Belén Castillo se convirtió este miércoles en la nueva diputada provincial de Mendoza. La abogada juró al mediodía en la Cámara baja y ocupará el lugar que quedó vacante tras la expulsión de Janina Ortiz, sentenciada por corrupción. La llegada de Castillo al recinto se resolvió con un procedimiento que no tiene precedentes en la historia de la provincia.
La flamante legisladora se suma al bloque del PRO. La acompañaron durante la jura el diputado nacional Álvaro Martínez y Gabriel Pradines, referente del PRO mendocino, quienes festejaron la incorporación de la abogada al cuerpo legislativo.
El camino administrativo hasta la banca
La incorporación de Castillo no fue automática. Recién después de completarse el trámite administrativo para definir quién debía ocupar el lugar de Ortiz se destrabó su llegada a la Legislatura. El martes pasado, la comisión de Derechos y Garantías terminó de revisar la documentación presentada por la reemplazante y emitió un dictamen favorable por unanimidad que habilitó su ingreso a la Cámara baja.
Para determinar quién debía asumir, la comisión pidió a la Junta Electoral la nómina de candidatos de La Unión Mendocina de las elecciones generales de 2023. El lugar le corresponde a Castillo, dirigente del PRO y exaliada de LUM, por figurar como sucesora después del fallecimiento de José Caviglia, el reconocido dirigente del Partido Libertario que la precedía en la lista.
Junto con esa documentación se adjuntó el DNI de la nueva legisladora, que acredita su domicilio, y los certificados que confirman que no registra antecedentes penales, que no aparece en los registros de inhibidos y concursados y que tampoco figura en el de deudores alimentarios.
El caso que abrió el lugar
La salida de Ortiz del cuerpo legislativo se produjo por una decisión de exclusión, un mecanismo inédito en la provincia. La sentencia en su contra se dictó en el marco de la investigación por peculado vinculada al destino de más de $35 millones transferidos a la cooperativa Manos a la Obra para trabajos de limpieza que, según la acusación, no se habrían realizado en las condiciones pactadas.
