Jury a Díaz Lacava: el Consejo acusa por violencia y la defensa pide pruebas concretas

El jury de enjuiciamiento contra el juez federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, avanza con posturas encontradas: mientras el Consejo de la Magistratura sostiene que incurrió en "mal desempeño" por presuntos actos de violencia e intimidación, su defensor Andrés Gil Domínguez exige que se presenten pruebas contundentes. El caso sacude al Poder Judicial y promete definiciones en los próximos días.

La acusación del Consejo, encabezada por los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, apunta a un patrón de conducta sostenido en el tiempo. Según el juez de Casación, Díaz Lacava habría convertido su despacho en un escenario de gritos, portazos y golpes a los muebles, todo frente a empleados del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

¿Qué dijo la acusación?

Barroetaveña no escatimó palabras: "Un día triste para el Poder Judicial, no es halagador estar aquí sentado acusando a un colega", arrancó. Y agregó: "Acá se juzga la transformación del ejercicio de la función judicial en un mecanismo permanente de violencia, intimidación y abuso de poder".

El acusador describió un escenario donde la jerarquía se usaba como "instrumento de sometimiento" y la función judicial quedaba "desnaturalizada". Para el Consejo, estas conductas configuran un "grave desorden de conducta" y una "afectación directa al servicio de Justicia".

La estrategia de la defensa

Del otro lado, Gil Domínguez pintó un perfil distinto: un juez autoexigente, sin sanciones previas hasta la denuncia del 19 de abril de 2023. "De las 37 personas que trabajan en el tribunal, solo seis lo denunciaron, un 16,22%", remarcó.

El defensor aseguró que las exigencias de Díaz Lacava buscaban "garantizar la tutela judicial efectiva", y que su personalidad "se tradujo en mayores exigencias a sus subalternos" durante la pandemia. Además, impugnó los informes psicológicos de los denunciantes, señalando que el Departamento de Medicina Preventiva de la Corte Suprema no halló indicadores de maltrato laboral ni estrés postraumático.

Mientras tanto, el proceso oral sigue su curso: el lunes declararon cinco testigos, ayer seis, y se espera que en la semana lo hagan las 60 personas citadas. La defensa oficial, a cargo de Leonardo David Miño, garantiza el debido proceso.