Justicia cruzó el río: la jornada en Isla Apipé que busca que ninguna alerta por un chico se pierda

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Semhan y Alejandro Chaín, desembarcaron este viernes 2 en Isla Apipé Grande para encabezar una jornada de trabajo con las instituciones locales. El objetivo: que los derechos de niños, niñas y adolescentes no queden atrapados en la burocracia cuando hay que intervenir.

La actividad se desarrolló en el Centro de Referencia insular bajo el lema «Jañangareko Mitãre», una consigna que apela al compromiso de toda la comunidad. Participaron referentes de las fuerzas de seguridad, la salud, la educación y el área social del municipio.

La iniciativa forma parte del programa Justicia y Sociedad Civil, que busca achicar las distancias institucionales en un territorio donde el aislamiento, el transporte exclusivamente fluvial y la dispersión de los parajes exigen respuestas estatales mucho más coordinadas y veloces.

Un reconocimiento a la tarea sostenida

El desembarco de los magistrados no pasó desapercibido para los isleños. Durante la apertura del encuentro, las autoridades de Isla Apipé Grande le entregaron una distinción especial al doctor Semhan.

El reconocimiento puso en valor la continuidad de las capacitaciones y el compromiso del Poder Judicial por llevar espacios de formación directamente al terreno donde trabajan a diario los trabajadores sociales, los docentes y los policías.

La distinción subrayó un aspecto central de la política judicial de los últimos años: salir de los despachos para conocer de primera mano los obstáculos que enfrentan las poblaciones más alejadas de los grandes centros urbanos. En una isla, la intervención temprana ante un caso de vulnerabilidad exige que todos los efectores públicos hablen el mismo idioma administrativo y legal.

Protocolos claros para detectar el riesgo a tiempo

El núcleo de la jornada estuvo puesto en afinar los reflejos institucionales. Los equipos técnicos y los actores locales recibieron capacitación específica para la detección temprana de indicadores de riesgo, con problemáticas graves sobre la mesa: desde la desprotección y el trabajo infantil hasta las agresiones sexuales y el maltrato.

El desafío planteado fue unificar los registros y establecer canales de comunicación directos para que ninguna alerta temprana se pierda en los laberintos de la burocracia.

Para lograrlo, los especialistas detallaron cómo funcionan los circuitos de derivación y los dispositivos municipales vigentes. Se analizó la aplicación de las Medidas Excepcionales de Protección y las Medidas de Protección Integral, y se evaluó el abordaje territorial que lleva adelante el equipo de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna, siempre bajo el paraguas normativo del Acuerdo N° 14/26 del STJ y la Resolución Municipal N° 031/2026.

La estructura de trabajo se completó con la mirada territorial de la secretaria de Acción Social municipal, Dolores Toledo, y la licenciada Norma Beatriz López, encargadas de explicar los alcances de los dispositivos de contención comunales.

Junto a la coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil, Marisa Esther Spagnolo, el equipo logró consolidar una red interinstitucional sólida. La conclusión que dejaron las autoridades es contundente: proteger la infancia en las zonas de frontera exige un Estado presente, coordinado y en permanente movimiento.