Justicia de EE.UU. quiere quitarle la ciudadanía a 40 inmigrantes: los casos que encienden las alarmas en Florida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso que no tiene precedentes recientes: anunció 40 demandas para revocar la ciudadanía americana de inmigrantes naturalizados, cinco de ellas en el sur de Florida. La noticia, confirmada el 5 de octubre, sacudió a la comunidad migrante y abrió un debate sobre los límites del poder estatal para quitar un derecho ya concedido.

Según el comunicado oficial, el gobierno sostiene que los demandados obtuvieron el estatus ilegalmente o escondieron información clave durante sus trámites de naturalización. No se trata de errores administrativos menores: las acusaciones apuntan a fraudes deliberados, delitos ocultos y hasta suplantación de identidad.

Los nombres y los casos que llegan a los tribunales de Florida

Entre los expedientes que ya avanzan en el Distrito Sur de Florida hay historias que combinan negocios turbios, mentiras familiares y estrategias desesperadas por evitar la deportación.

Uno de los casos más resonantes es el de Yusmary Shirley Duran Mejia, una colombiana de 47 años que vive en Hialeah. Se naturalizó en 2018 y dos años después fue condenada por conspiración para lavar dinero. Según Justicia, durante el proceso penal admitió que su participación en la actividad ilícita había empezado antes de obtener la nacionalidad, un dato que habría ocultado a las autoridades migratorias.

El gobierno también apunta contra Jose Villarreal Ortiz, un mexicano de 49 años. La acusación sostiene que consiguió la residencia permanente presentando a una tía estadounidense como si fuera su madre, y que mantuvo esa versión cuando pidió la naturalización. La demanda se presentó el 1° de octubre en el Distrito Sur de Florida.

Los otros tres expedientes en Florida corresponden a Ralph Nabavi, residente de Miami nacido en Irán; Arnouse Merlien, haitiana de West Palm Beach; y Syed Mashood Ul Haque, originario de Pakistán. De acuerdo con el comunicado, las acusaciones involucran evasión tributaria, fraude con reembolsos fiscales y el uso de identidades diferentes para eludir una orden de deportación, respectivamente.

Qué tiene que probar el gobierno para quitar una ciudadanía

La figura legal se llama desnaturalización y permite retirar la nacionalidad adquirida cuando se demuestra que fue obtenida ilegalmente, mediante ocultamiento de hechos relevantes o con declaraciones falsas deliberadas.

El manual del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) detalla que los tribunales pueden revisar requisitos como la admisión legal a la residencia permanente, la presencia física y el buen carácter moral exigido al momento del trámite. Pero no alcanza con una condena posterior: una condena por sí sola no invalida automáticamente la ciudadanía.

De acuerdo con el Miami Herald, los fiscales deben establecer una conexión jurídicamente suficiente entre las circunstancias de la naturalización y la causal invocada. En los procesos civiles, además, tienen que presentar pruebas claras, inequívocas y convincentes ante un tribunal federal, un estándar exigente que no siempre se cumple.

El manual de Uscis agrega un matiz importante: incumplir un requisito de elegibilidad puede sustentar la revocación incluso sin engaño deliberado. Cuando la causal es ocultamiento o falsedad, en cambio, hay que acreditar elementos adicionales, incluida la relevancia del hecho para la decisión migratoria.

Cuántos procesos son y por qué las cifras piden cautela

La expansión de estos casos responde a un memorando del 11 de junio de 2025 que convirtió los procedimientos de desnaturalización en una prioridad. El documento incluye casos vinculados con seguridad nacional, delitos ocultados durante la naturalización y fraude contra programas públicos o particulares.

Sin embargo, conviene no confundir los números. Las 40 demandas anunciadas representan solicitudes de revocación, no 40 ciudadanías ya retiradas. El Miami Herald también distinguió esos expedientes de otros 384 casos asignados a fiscalías para revisión, una etapa que puede terminar sin que se presente ninguna demanda.

El proceso recién comienza y cada caso deberá resolverse ante un juez federal. Para los inmigrantes naturalizados, la señal es clara: el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a revisar el pasado de quienes obtuvieron la ciudadanía y, si encuentra irregularidades, intentará quitársela.