Justicia de Salta aprobó un protocolo que permite a presos estudiar en la universidad

La Justicia de Salta homologó un acuerdo que garantiza el acceso a la educación superior para personas privadas de la libertad. La resolución, firmada por la jueza María Victoria Mosmann, establece reglas claras para que los internos puedan cursar carreras universitarias sin trabas burocráticas ni de seguridad.

El fallo surgió a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que denunció obstáculos para que los reclusos accedieran a estudios universitarios. Del acuerdo participaron el Gobierno de Salta, el Servicio Penitenciario, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

¿Qué establece el nuevo protocolo?

El documento fija las pautas para organizar actividades universitarias dentro y fuera de las cárceles, buscando compatibilizar el derecho a la educación con las medidas de seguridad. Entre sus puntos clave: reconoce la educación como herramienta de reinserción social, promueve la igualdad de oportunidades, prohíbe "todo trato denigrante" hacia los estudiantes privados de la libertad y establece mecanismos de coordinación entre el Servicio Penitenciario y las universidades.

Habrá una comisión de seguimiento con presos

Uno de los cambios más importantes es la creación de una Comisión de Seguimiento Universitario. Estará integrada por representantes del Servicio Penitenciario, de las universidades, del Comité contra la Tortura y, por primera vez, contará con la participación de dos estudiantes privados de la libertad: uno de varones y otro de mujeres, elegidos por sus propios compañeros.

¿Por qué surgió la demanda?

El proceso judicial comenzó cuando la Asociación Gremial de Abogados denunció dificultades para que los internos asistieran a clases, principalmente por problemas de traslados y acceso a actividades académicas. Durante la causa se realizaron inspecciones en unidades penitenciarias y audiencias con internos, autoridades provinciales, representantes de la UNSa y del Comité contra la Tortura. Como resultado, las partes acordaron el protocolo, que ahora tendrá cumplimiento obligatorio en todo el sistema penitenciario provincial.