Justicia en Santa Cruz: expedientes que esperaban sentencia hace dos años volvieron a foja cero

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, Diana Huerga Cuervo, reveló en La Mañana de LU12 una serie de presentaciones formales ante el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura por el funcionamiento del servicio de justicia. El reclamo central apunta a la mora judicial y a presuntas irregularidades en la selección de magistrados.

La titular de la entidad gremial detalló que hay causas civiles y laborales con plazos vencidos y demoras que superan los dos años para el dictado de sentencias. El foco está puesto en la primera instancia de El Calafate y en la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos.

El re-sorteo que encendió la alarma

Uno de los puntos más cuestionados por Huerga Cuervo fue la decisión institucional de retirar expedientes que ya estaban en condiciones de ser votados para volver a sortearlos tras la incorporación de nuevas autoridades. La abogada fue tajante al describir la maniobra: “Sacaron expedientes que estaban hacía más de dos años a voto… sin el voto y para volverlo a sortear”.

Para el Colegio, esa práctica implica un retroceso procesal que afecta directamente a los justiciables, que ven cómo sus causas vuelven a foja cero después de años de espera.

Armas desaparecidas y una terna bajo sospecha

En otro tramo de la entrevista, la presidenta del Colegio confirmó que se solicitaron informes sobre las actuaciones administrativas tras la desaparición de armas bajo custodia en el Juzgado Penal de Río Turbio. El pedido se fundamenta en una situación que la entidad considera especialmente grave: una de las funcionarias del sector integra la terna de postulantes en el Concurso 115.

El reclamo no apunta solo a la pérdida de material bajo custodia judicial, sino también a los criterios con los que se evalúa a quienes aspiran a ocupar cargos en el Poder Judicial.

Reforma para limitar la discrecionalidad

Huerga Cuervo adelantó que el Colegio trabaja en un proyecto de reforma legislativa con dos objetivos concretos: reducir el puntaje de las entrevistas personales y limitar la discrecionalidad en la designación de jueces. La iniciativa busca modificar los mecanismos actuales de selección para que la idoneidad técnica pese más que las evaluaciones subjetivas.

Las presentaciones ante el TSJ y el Consejo de la Magistratura ya fueron formalizadas, aunque resta conocer si las autoridades judiciales darán respuesta a los planteos del Colegio de Abogados.