Justicia en suspenso: a horas del debate histórico, frenan el juicio por crímenes en el Ingenio La Fronterita

El Tribunal Oral Federal de Tucumán suspendió de manera sorpresiva el inicio de un juicio clave por delitos de lesa humanidad. La decisión, tomada a menos de 24 horas del debate, se basa en una nueva evaluación médica para uno de los dos únicos imputados que quedan con vida. El hecho ocurre en una semana cargada de simbolismo, a las puertas del 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976.

El juicio, que investiga crímenes contra 68 víctimas, estaba programado para comenzar este miércoles. Sin embargo, una intervención del Cuerpo Médico Forense llevó al tribunal a ordenar una nueva pericia sobre el estado de salud de Jorge Alberto Figueroa Minetti. El proceso quedará paralizado hasta que se incorpore al expediente un informe que determine si el acusado está en condiciones de enfrentar el debate oral.

Una causa que lucha contra el tiempo

La causa indaga los hechos ocurridos en el marco del Operativo Independencia, donde funcionó una base militar dentro del predio del Ingenio La Fronterita. Allí, según las investigaciones, se ejecutaron operativos de persecución, secuestro y desaparición forzada de trabajadores y dirigentes sindicales vinculados al establecimiento azucarero.

Desde la organización de derechos humanos ANDHES, que actúa como querellante, calificaron la suspensión como “un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia”. La causa lleva más de una década en trámite judicial, y la demora, advierten, “coloca a la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica”.

Este concepto refiere al riesgo real de que los imputados, ya octogenarios, fallezcan o queden impedidos de ser juzgados antes de que se dicte una sentencia. Para ANDHES, esta situación es consecuencia directa de “las fallas estructurales del Poder Judicial argentino” en los procesos de memoria, verdad y justicia.

Un juicio con carácter histórico para Tucumán

Este proceso es histórico para la provincia, ya que es el primero que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado. La investigación se centra, precisamente, en el rol que habrían tenido directivos del ingenio en el funcionamiento de estructuras represivas durante los años previos al golpe de 1976.

La expectativa de los organismos de derechos humanos era enorme, ya que una sentencia en este caso podría sentar un precedente crucial para el juzgamiento de civiles y entidades privadas que colaboraron con la dictadura militar.

La postergación adquiere una dimensión dramática al revisar la trayectoria del expediente. Inicialmente, la causa contaba con seis empresarios imputados. Con el paso de los años, tres fallecieron y otro fue apartado del proceso por razones de salud. Así, solo dos imputados, Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, lograron llegar a la etapa de juicio oral, más de cincuenta años después de los hechos.

“Esta suspensión vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cuando el tiempo avanza más rápido que la justicia”, remarcaron desde ANDHES.

La lucha de las familias por la memoria

La organización representa a familiares de víctimas del ingenio, entre ellos a los de Fidel Jacobo Ortiz, un trabajador y dirigente gremial que fue secuestrado en su domicilio y permanece desaparecido. “A 51 años del Operativo Independencia y a 50 años del terrorismo de Estado en Argentina, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia”, señalaron.

La nueva fecha para el inicio del juicio oral quedará supeditada a la recepción y evaluación del informe médico solicitado por el Tribunal Oral Federal. El reloj de la justicia sigue corriendo en una causa donde cada día cuenta.