Justicia federal le ordenó al gobierno de Milei reparar un tramo crítico de la Ruta 3: hay 11 siniestros en seis meses

La Cámara Federal de Mar del Plata falló a favor de una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Azul y obligó al Estado nacional a intervenir de urgencia en la Ruta Nacional 3, entre Azul y Cacharí, donde en los últimos seis meses se registraron once siniestros viales.

El tribunal revocó así un rechazo previo del Juzgado Federal N° 2 de Azul y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. ejecutar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los conductores. La decisión expone, una vez más, el impacto del ajuste en el mantenimiento de las rutas nacionales durante la gestión de Javier Milei.

¿Qué dijo la Justicia sobre el estado de la ruta?

Los camaristas consideraron que existen elementos suficientes para acreditar un riesgo concreto para quienes transitan por ese corredor. Entre las pruebas, destacaron los informes de la Policía Federal Argentina que constataron baches, hundimientos, huellas del tránsito pesado y deficiencias en la señalización.

En el fallo, los jueces aclararon que en esta instancia no se discute la responsabilidad final del mantenimiento, sino la necesidad de evitar más accidentes mientras avanza el amparo de fondo.

Medidas urgentes que deberán tomar

La resolución establece una serie de acciones inmediatas: colocación de señalización preventiva y carteles de advertencia, instalación de balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y reducciones de velocidad. También se habilita la posibilidad de establecer desvíos o restricciones parciales al tránsito, y realizar reparaciones provisorias en los sectores más peligrosos.

Los organismos deberán presentar en diez días hábiles un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul, con cronograma, prioridades, responsables y medidas de contingencia. El plazo máximo para completar las obras es de 120 días corridos desde la notificación, y el avance quedará bajo seguimiento judicial con informes mensuales obligatorios.