Justicia Juvenil en Entre Ríos: la medida que tomó la Defensoría antes de la nueva ley
La Defensoría de Entre Ríos adoptó reglas iberoamericanas de justicia restaurativa antes de la nueva ley penal juvenil. ¿Qué implica para los menores y qué cambia en el sistema?
El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, firmó una resolución que podría cambiar el rumbo de la justicia penal juvenil en la provincia. ¿Qué recomendó y por qué genera expectativa?
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil cada vez más cerca, Benítez decidió adoptar las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa en el Ministerio Público de la Defensa. La medida, oficializada en la resolución Nº 68/2026, apunta a que los integrantes del organismo apliquen estos lineamientos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.
¿Qué son las Reglas Comunes Iberoamericanas?
Aprobadas el 11 de abril de 2022 por organismos como la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), estas reglas buscan unificar criterios en la región.
Entre sus principales ejes, promueven mecanismos sustitutivos y complementarios a la judicialización, priorizan medidas alternativas para que la privación de libertad sea el último recurso y contemplan los derechos de niños, niñas y adolescentes, víctimas y comunidad.
¿A quiénes beneficia?
Los destinatarios son los menores desde su primer contacto con el sistema penal juvenil hasta el final de las intervenciones, ya sean víctimas directas o indirectas, victimarios o testigos. También alcanza a las personas damnificadas por actos infraccionales, sus referentes afectivos y todos los que participen en procesos de justicia restaurativa.
La iniciativa busca garantizar el acceso a la justicia bajo un modelo restaurativo, fomentando la responsabilización y la reparación de daños, con el objetivo de impulsar proyectos de vida superadores para el desarrollo integral de los jóvenes.
