Justicia local: un menor involucrado por día en causas penales

En los Tribunales de Río Cuarto, los expedientes que involucran a menores de edad ya son moneda corriente: ingresan en promedio 25 causas por mes, más de una por día hábil. La cifra, que el año pasado llegó a 30 mensuales, cobra nueva relevancia con la entrada en vigencia de la reforma que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El cambio, que rige desde este fin de semana en Córdoba tras la adhesión provincial a la nueva ley nacional, amplía el universo de adolescentes que pueden ser juzgados: abarca desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. Según la norma, el objetivo no es solo castigar, sino la responsabilización, formación y reintegración social.

Robos y consumo, el perfil de los casos

En el fuero penal juvenil local, los delitos más frecuentes son robos y hurtos. La jueza María Victoria Cavagnaro, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, de Género y Penal Juvenil, describió el contexto que atraviesa a muchos de estos chicos.

“Son menores atravesados por el consumo, en familias disfuncionales y contextos bastante complejos”, señaló. Y advirtió que en los últimos tiempos también crecen los hechos vinculados a las redes sociales y la sexualidad.

Qué cambia con la nueva ley

La entrada en vigencia de la reforma implica un giro profundo en el abordaje judicial. Hasta ahora, un chico de 14 años que cometía un delito quedaba bajo la órbita tutelar o protectora; desde ahora, pasa a estar bajo el sistema penal juvenil completo.

Córdoba tiene un sistema acusatorio, por lo que ante un delito investiga el fiscal penal juvenil. Según la gravedad del hecho, ese fiscal podrá pedirle al juez medidas que incluso pueden ser privativas de la libertad. En casos graves, un menor de 14 años podría ser alojado en el Complejo Esperanza, el único instituto especializado de la provincia.

La jueza aclaró que, pese a la baja de la edad de imputabilidad, los menores no pueden ir a cárceles comunes: la legislación argentina, en línea con convenciones internacionales ratificadas, exige un tratamiento diferenciado. “No van a poder ir a una cárcel sino a un instituto especializado”, remarcó.

El límite de 15 años y el debate que abre

Uno de los puntos más novedosos de la ley es que la pena privativa de la libertad no podrá superar los 15 años. Esa definición, según Cavagnaro, generó cuestionamientos: “Un chico podría pasar más tiempo privado de la libertad que el tiempo de vida que tiene al momento de cometer el hecho”.

Para la magistrada, la aplicación de la norma será un desafío, y remarcó que la privación de la libertad debe ser la última opción. “La sociedad siempre necesita una respuesta ante un delito, pero es necesario que haya políticas públicas que vayan más allá de la pena”, opinó.